La industria de consumo masivo tuvo su peor inicio anual desde 2019 y la UIA advierte por la actividad

La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia evaluó los balances que dejaron en La Bolsa empresas como Arcor, Molinos Río de la Plata, Mastellone, Morixe y la Compañía Introductora de Buenos Aires. Según estos datos, las ventas están 9% por debajo de los niveles del promedio 2020-2023. Por estos días, las compañías presentan sus resultados para el segundo trimestre.
 
El informe destaca que el contexto de apreciación del tipo de cambio real, sumado a la apertura importadora y a la acumulación de stocks no deseados durante el año pasado, contribuyen a distorsionar los indicadores sectoriales.
Mientras algunas estadísticas muestran cierta recuperación de las ventas en supermercados, las empresas productoras no logran capitalizar esta mejora.

Además de la caída en volúmenes, se registra una compresión histórica de márgenes: el ratio EBITDA (que mide la rentabilidad operativa pura) sobre ventas de las compañías principales de consumo masivo promedió apenas 5% en los últimos doce meses, cuatro puntos porcentuales por debajo de la media 2020-2023 (9%) y el nivel más bajo de los últimos diez años.
En este mismo periodo, los márgenes operativos promedio fueron negativos: -2%.

Preocupación industrial: la UIA alerta
En su última reunión de Junta Directiva, la UIA manifestó su preocupación por el actual nivel de actividad económica y subrayó la urgencia de contar con herramientas de financiamiento que permitan sostener la producción y el empleo, especialmente en las pymes industriales.

Si bien valoraron la baja de la inflación y el ordenamiento fiscal como pasos necesarios, advirtieron sobre la presión creciente que enfrentan los sectores productivos.

En un comunicado, la entidad fabril señaló que la industria perdió en promedio 1.500 empleos por mes durante el último trimestre, acumulando 37.000 puestos menos desde agosto de 2023.

En paralelo, alertó sobre el impacto del costo financiero: "Las tasas de interés deberían estabilizarse en un nivel razonable para la capacidad de las empresas", puntualiza el documento.

La UIA indicó que, mientras el IPC acumuló un alza de 150% desde diciembre, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) Manufacturero creció un 86%, lo que refleja el esfuerzo de la industria por contener precios en un contexto recesivo.

Grandes y pequeños comercios en crisis
Este diagnóstico también alcanza a los pequeños y medianos comercios, que no logran trasladar aumentos de costos a precios sin perder ventas.

“Mayo y junio fueron bastante complicados para nosotros, con un consumo muy frenado. Hay una restricción de demanda fuerte y una complicación para el pequeño comerciante, que tiene mayores costos por servicios o tarifas, pero no puede trasladarlos porque la gente no convalida esos precios”, respondió el vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, ante una consulta de Letra P.

“Esto termina en un achicamiento de rentabilidad. La situación está complicada y no vemos que el Gobierno vaya a tomar medidas que cambien esto antes de las elecciones”, advirtió el portavoz de la cámara empresaria.

Fuentes de una de las alimenticias principales del país aseguró a este medio que “las ventas de productos básicos venían recuperándose hasta mayo, pero en los últimos dos meses volvieron a caer” y graficó: “Las ventas de productos premium siguen con caídas de dos dígitos y, en este contexto, trasladar aumentos a precios se complica, porque se vende cada vez menos y el consumo no arranca”.

“Mientras no haya una mejora del salario real que pueda superar los incrementos de los costos fijos que tiene una familia -energía, prepagas, colegios- el mercado va a seguir contrayéndose”, pronosticó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Altos costos y falta de crédito
Rosato señaló que la caída del consumo interno se agrava por una combinación de factores que golpea a la producción nacional. “Tenemos cierre de fábricas, despidos, suspensiones y caída del salario. El trabajador tiene mayores costos por energía, prepagas y otros gastos fijos que le restan capacidad de compra”, sostuvo.

A esto se suma la presión de las importaciones, que restan mercado a la industria local. “Todo lo que viene de afuera resta hacia adentro. La producción nacional no puede mejorar su competitividad debido a los altos costos. El sector electrointensivo sufre aumentos encubiertos de energía que no se pueden trasladar a precios porque no hay demanda", planteó.

En paralelo, muchas empresas comenzaron a acumular inventarios no deseados, lo que puede derivar en un incremento de paradas de planta. “Si no se revierte la dinámica actual, se profundizará el freno productivo y se endurecerá el acceso al crédito”, alerta el informe del Bapro.

Este fenómeno se presenta en un escenario de apreciación cambiaria que perjudica a las industrias exportadoras y a los bienes transables en general.

A diferencia de los bienes durables, cuyo consumo se mantuvo alto gracias al crédito y al atraso del dólar, los bienes básicos se encuentran en niveles bajos de venta.

Rentabilidad en rojo y endeudamiento en alza
El deterioro de la rentabilidad también se refleja en los balances: las compañías del sector comenzaron a registrar déficits en sus flujos operativos. Mientras en 2023 las actividades operativas generaban efectivo, en 2024 y 2025 se revirtió la tendencia: el financiamiento externo sostiene las operaciones corrientes.

Según el informe, el endeudamiento promedio ya supera el 5,5% de las ventas desde el primer trimestre de 2024, en un contexto en el que la deuda neta de caja había sido históricamente baja.

Esta nueva etapa de apalancamiento no responde a estrategias de inversión, sino a la necesidad de sostener las operaciones frente a la caída de ventas y márgenes.

Para el titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, “el aumento de costos y la inflación, más la devaluación de junio, hicieron que las caídas en rentabilidad sean terribles”.

Esta imposibilidad de trasladar aumentos a precios, en un contexto de salarios deprimidos y demanda retraída, agrava la crisis. En este sentido, Rosato enfatizó: “Muchas empresas formadoras de precios tampoco pueden subirlos más porque no hay ventas. La situación puede conllevar, sin dudas, a una crisis productiva mayor”.

El dirigente de IPA también señaló dos síntomas de esta crisis: el freno en el turismo interno y el cierre masivo de locales comerciales.

Carga fiscal oculta
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) eligió reclamar por el costo fiscal que implica operar con las administraciones provinciales.

Según un informe, 28 empresas del sector consolidaron en un año $ 32.000 millones en créditos fiscales acumulados por Ingresos Brutos que no pueden usar ni recuperar.

Esto impacta directamente en las posibilidades de inversión. Puntualizaron, sobre todo, a Misiones, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.