CAPITANICH MAS COMPLICADO SERA CITADO A DECLARAR

 La causa los investiga por presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.

La investigación se inició el 10 de marzo de 2025 a raíz de un requerimiento del fiscal federal Carlos Amad. Se sospecha que, durante la gestión de Capitanich como gobernador (2019-2023), se habrían cometido irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y en la entrega de beneficios de promoción industrial. El foco de la acusación recae en Marta Soneira, quien, como presidenta del Instituto de Colonización, habría favorecido a su cónyuge y a varios empresarios mediante la entrega irregular de tierras, supuestamente utilizando testaferros. Además, se cuestiona la modificación del "Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos" a través del Decreto 2157/22, que habría facilitado estas maniobras en perjuicio del Estado.

Todos los imputados enfrentan acusaciones por fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado. A Marta Soneira se le suman cargos por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles con la función pública. Por su parte, Jorge Capitanich también es imputado por malversación de fondos públicos, además de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles. El fiscal argumentó la existencia de elementos suficientes para sospechar una trama que perjudicó al Estado, beneficiando a terceros mediante actos administrativos irregulares.

Las defensas, incluyendo a la exministra Gloria Beatriz Zalazar, solicitaron la nulidad del requerimiento fiscal y del llamado a indagatoria, argumentando falta de claridad en la descripción de los hechos y basarse en pruebas fragmentadas. La defensa de Soneira alegó una violación del principio non bis in idem, sosteniendo que los hechos sobre la adjudicación de tierras ya habrían sido investigados y archivados. La defensa de Capitanich indicó que su intervención se limitó a la firma formal de decretos. Además, los abogados de los empresarios defendieron su derecho a acceder a tierras fiscales, dado que ya realizaban actividades agrícolas, y negaron un perjuicio al Estado.

Sin embargo, tanto la jueza de primera instancia como la Cámara Federal desestimaron estos planteos. Las juezas Patricia Beatriz García y Rocío Alcalá concluyeron que el requerimiento fiscal cumple con los requisitos legales, detallando conductas específicas y respaldadas por pruebas preliminares. Ratificaron que en esta etapa inicial no se exige certeza, sino indicios suficientes. También rechazaron la alegación de non bis in idem al no verificarse la triple identidad necesaria. La Cámara Federal enfatizó que las críticas sobre la valoración de pruebas o la legalidad de los actos administrativos son cuestiones de fondo que deben resolverse tras las indagatorias. Con esta ratificación, la investigación continuará y se ordenó que los imputados sean citados a declarar.