ChacoWebEl abogado Sebastián Ferreyra Negri presentó esta mañana ante el Superior Tribunal de Justicia un pedido de ejecución de sentencia en el marco de la causa "Albornoz N.S., Carrillo R.A., Díaz Z.B. y otros c/ INSSSEP s/ acción de amparo" (expediente 70/26), en representación de 11 familias con niños, niñas y jóvenes con discapacidad. En la presentación, el letrado solicita ante el máximo tribunal provincial que se "ordene su cumplimiento inmediato", al considerar que se trata de una resolución "operativa, urgente y de ejecución inmediata", conforme lo establece la Ley 877-B.
Además, pidió la aplicación de astreintes —multas coercitivas— por 50 millones de pesos diarios contra el presidente del INSSSEP, Rafael Ademar Meneses, y el vicepresidente Fernando César Alesso, hasta tanto se garantice el cumplimiento efectivo del fallo. El escrito también solicita la remisión de antecedentes a la Justicia penal por la posible comisión del "delito de desobediencia judicial", previsto en el artículo 239 del Código Penal, al sostener que el incumplimiento es "actual, permanente y continuado", lo que podría configurar una situación de flagrancia.
Según detalla la presentación, el plazo para cumplir con la sentencia venció el martes 31 de marzo, a las 9, sin que se haya registrado ningún tipo de cumplimiento efectivo. En ese sentido, el abogado sostiene que no existe cumplimiento parcial ni en vías de ejecución, sino un incumplimiento "total, integral y manifiesto".
El fallo del Superior Tribunal había hecho lugar a la acción de amparo y ordenado al INSSSEP garantizar la continuidad de los tratamientos médicos, asegurar la cobertura integral de las prestaciones y adoptar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones en la atención. Sin embargo, según se expone en la denuncia a la que tuvo acceso NORTE, ninguno de esos puntos fue cumplido.
El escrito señala que los "pacientes continúan sin acceso efectivo a sus médicos tratantes, sin cobertura operativa de las prestaciones y sin medidas concretas que garanticen la continuidad de los tratamientos". Asimismo, cuestiona los argumentos del organismo, que aludieron a trámites administrativos y análisis presupuestarios, al considerar que "la sentencia no ordenó gestionar, sino cumplir", y que las cuestiones burocráticas no pueden justificar la vulneración de derechos fundamentales.
El abogado también remarca la "gravedad extrema" del caso, al advertir que el incumplimiento impacta directamente en pacientes en estado crítico, con riesgo cierto e inminente para la vida y la salud. Finalmente, solicitó la habilitación de días y horas inhábiles para el tratamiento urgente del planteo, en función de la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas y la necesidad de una respuesta judicial inmediata.
