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El gobernador Leandro Zdero firmó el decreto 1420/2026, mediante el cual se estableció una actualización del concepto denominado "Ajuste por Revisión", previsto en la Ley 3424-A, para cargos del Poder Judicial de la provincia del Chaco y otros organismos del sistema institucional.
La medida rige desde el 1 de junio de 2026 y tiene como objetivo que las remuneraciones netas del cargo de Juez de Cámara del Poder Judicial chaqueño no queden por debajo del promedio de los jueces de segunda instancia de Corrientes, Formosa y Misiones.
Según el acta de la Comisión Técnica incorporada como anexo, el relevamiento arrojó un incremento neto necesario del 3,57% respecto del promedio de la media del NEA.
El decreto establece que el "Ajuste por Revisión" tendrá como base de cálculo el sueldo básico y la compensación jerárquica del agente.
En el anexo, la Comisión Técnica fijó el porcentaje del ajuste en 1305,69% sobre esos conceptos para el período correspondiente a junio de 2026. Ese coeficiente no debe leerse como un aumento directo de bolsillo de ese porcentaje, sino como la fórmula técnica aplicada sobre la base salarial definida por la ley.
De acuerdo con la planilla incorporada al expediente, con la nueva aplicación del ajuste el haber neto de referencia para un Juez de Cámara queda en torno a los $6.631.396, prácticamente en línea con el promedio informado para el NEA, que fue calculado en $6.631.413.
Para definir la actualización, se tomó como parámetro el promedio de los haberes judiciales de segunda instancia de tres provincias del NEA.
Según la documentación oficial, los valores considerados fueron:
Con esos datos, la Comisión Técnica calculó un promedio regional de $6.631.413, que funciona como referencia para el mecanismo de equiparación previsto en la normativa chaqueña.
La actualización no solo alcanza al Poder Judicial, sino también a distintas jurisdicciones vinculadas al esquema institucional provincial.
El decreto incluye a: Poder Judicial, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral, Fondo de Retiros, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
El mecanismo de revisión originalmente estaba previsto de manera semestral, pero luego fue modificado para realizarse en períodos trimestrales. Por eso, las revisiones deben hacerse en febrero, mayo, agosto y noviembre, con impacto posterior en marzo, junio, septiembre y diciembre, según corresponda.
El decreto fue firmado ad referéndum de la Cámara de Diputados, por lo que ahora deberá ser enviado a la Legislatura provincial para su ratificación legislativa.
