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Según la resolución judicial, el gremio no contaba con la inscripción legal correspondiente ni con autoridades validadas mediante elecciones, requisitos exigidos para acceder a licencias gremiales y participar en las negociaciones paritarias.
El Ministerio de Educación había objetado el otorgamiento de la licencia y llevó el caso a la Justicia. Tanto en primera como en segunda instancia, los tribunales respaldaron la postura oficial.
Desde el Gobierno señalaron que el fallo fortalece el cumplimiento de la ley y garantiza que los recursos del sistema educativo sean destinados a las escuelas y a los docentes que cumplen sus funciones.
La resolución representa un duro revés para el dirigente sindical y sienta un precedente sobre la exigencia de cumplir con los requisitos legales para acceder a beneficios gremiales.
