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Inicia hoy en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia el juicio oral por la usina de facturación apócrifa y presunto lavado de activos investigadas usando a organismos del Estado y a particulares. En el banquillo estarán Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, los únicos dos que llegan detenidos al proceso ya que se encuentran alojados en la U7, y son señalados por el Ministerio Público Fiscal como los jefes de una asociación ilícita fiscal que habría operado de manera ininterrumpida entre principios de 2019 y 2023.
El tribunal estará integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y un magistrado convocado desde Rosario. Está previsto que durante el debate declaren más de cien testigos y que las audiencias continúen los días 1, 7, 8, 13, 14, 15 y 16 de julio.
Según el requerimiento de elevación a juicio, la organización montó una red integrada por sociedades comerciales, cooperativas y fundaciones que carecían de actividad económica real, empleados, bienes de uso, maquinarias o capacidad para prestar los servicios que declaraban. Sin embargo, esas entidades emitían comprobantes por montos millonarios para justificar operaciones inexistentes tanto con empresas privadas como con organismos públicos.
La investigación sostiene que Walter Pasko, con sus conocimientos de contador público diseñó el mecanismo contable de la maniobra. Administraba las claves fiscales de numerosos clientes de su estudio, emitía comprobantes sin autorización de sus titulares y utilizaba esos créditos fiscales para disminuir artificialmente el pago del IVA y del Impuesto a las Ganancias. Varios contribuyentes descubrieron la utilización de sus CUIT únicamente cuando fueron inspeccionados por la entonces AFIP y advirtieron que figuraban operaciones comerciales que jamás habían realizado.
Por su parte, Fernando Ayala habría tenido a su cargo la conformación y administración de las denominadas "usinas" de facturación. La fiscalía sostiene que impulsó la creación de fundaciones y cooperativas integradas por familiares y personas de confianza
FACTURAR ANTES DEL ALTA
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la velocidad con la que comenzaban a operar esas organizaciones. En varios casos, las fundaciones emitían facturas apenas días después de su constitución e incluso se detectaron comprobantes correspondientes a períodos anteriores a la obtención de su inscripción formal ante los organismos fiscales, una circunstancia que para la acusación constituye un fuerte indicio de que habían sido creadas exclusivamente para sostener el esquema delictivo.
Las maniobras tenían además un componente interno dentro del entonces Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), considerado por la fiscalía como la principal fuente de recursos obtenidos mediante el fraude. Allí la organización habría concentrado el mayor volumen de operaciones investigadas, con facturación por $817.562.322 entre 2022 y 2023, mediante supuestos servicios que nunca habrían sido prestados.
La acusación también describe un sistema de facturación cruzada entre las propias cooperativas, fundaciones y sociedades vinculadas a la organización. Esa operatoria permitía equilibrar las declaraciones juradas, ocultar el origen del dinero y dotar de apariencia de legalidad a movimientos económicos que, según la investigación, respondían exclusivamente a la generación de crédito fiscal ficticio y al desvío de fondos públicos.
La maniobra también alcanzó a ministerios, municipios y empresas del Estado
Aunque el ex IAFEP concentra la mayor parte de la investigación con facturación apócrifa el expediente revela que la organización también emitió comprobantes hacia numerosos organismos públicos provinciales.
Entre ellos aparecen el ex Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, el Ministerio de Educación, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), la Dirección de Vialidad Provincial, SECHEEP, el Instituto de Cultura, Lotería Chaqueña y el Fideicomiso Escuela de Gobierno.
La acusación también incluye operaciones con las municipalidades de Resistencia, Quitilipi, Gancedo, General Pinedo, Corzuela, Napenay, Makallé y Capitán Solari, además del Poder Judicial del Chaco y la Universidad Popular de Resistencia.
La fiscalía sostiene que las fundaciones, cooperativas y sociedades utilizadas carecían de actividad económica real y emitían facturas por bienes y servicios inexistentes para justificar pagos y generar beneficios fiscales indebidos.
Diez imputados llegan al juicio oral
Además de Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, el juicio oral tendrá como imputados a María José Reinau, Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Álvaro Iván Pasko, Jorge Pasko, María Belén Reinau, Edith Marisel Ayala, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy.
De acuerdo con la acusación fiscal, la organización habría funcionado entre 2019 y 2023, aunque las maniobras vinculadas con el entonces IAFEP se concentraron principalmente durante 2022 y 2023, cuando se registró el mayor volumen de facturación apócrifa investigada. Walter Pasko y Fernando Ayala afrontarán el debate como presuntos jefes de la asociación ilícita fiscal, mientras que el resto llega acusado como integrante de la organización y, en algunos casos, también por lavado de activos.
Del resto de los imputados sobresalen María José Reinau, esposa de Ayala, quien será juzgada por asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
Y Diana Yael Daniel, esposa de Pasko, quien durante el período investigado ocupó cargos jerárquicos en el entonces IAFEP. Para la fiscalía, su presencia dentro del organismo resultó clave como nexo administrativo para facilitar la tramitación y el pago de facturas emitidas por entidades que integraban ella misma, su esposo y otros miembros de la organización. Según la acusación, esa intervención permitió consolidar el circuito de evasión tributaria, utilización de estructuras societarias ficticias y presunto desvío de fondos públicos.
