ChacoWeb
Nuevos detalles surgieron del megaoperativo realizado este viernes por la Justicia Federal en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que tiene bajo la lupa a integrantes del grupo vinculado a la cadena de gimnasios Exen. Entre los principales hallazgos aparecen varias conexiones eléctricas ilegales, detectadas tanto en inmuebles vinculados a la empresa como en domicilios donde funcionaban granjas de criptomonedas.
Según pudo conocerse, personal de Secheep constató una conexión clandestina en el inmueble ubicado en Mitre 709, donde funcionaban oficinas administrativas relacionadas con el grupo Exen. La irregularidad fue detectada durante uno de los procedimientos ordenados por la Justicia Federal.
Pero no fue el único lugar donde se encontraron anomalías. También se detectó una conexión ilegal de energía en el gimnasio ubicado en Illia y tambipen en la sede de Santiago del Estero. A esto se sumaron irregularidades similares en domicilios donde se encontraba instalado equipamiento destinado a la minería de criptomonedas.
Durante los 18 allanamientos realizados en sucursales de Exen, concesionarias de automóviles, estudios contables y domicilios particulares vinculados con los investigados, los investigadores se encontraron además con equipamiento utilizado para la minería de criptomonedas.
Parte de estos dispositivos fueron hallados en inmuebles como Mitre 709 y Ameghino 265, donde se localizaron instalaciones que, por sus características, serían utilizadas como granjas de criptomonedas.
El hallazgo adquiere especial relevancia para la investigación porque el funcionamiento de estos equipos requiere un importante consumo de energía eléctrica. Por eso, las conexiones clandestinas detectadas por Secheep forman parte de los elementos que ahora deberán ser analizados en el marco del expediente.
La Justicia busca determinar, entre otras cuestiones, quiénes operaban estos equipos, cuál era su finalidad, qué volumen de actividad desarrollaban y de qué manera se relacionaban con el entramado económico que se encuentra bajo investigación.
El megaoperativo alcanzó a distintas personas y sociedades vinculadas a la estructura investigada. Entre los principales apuntados se encuentran Federico Clinis, Nicolás Clinis, Mauro Lugo Heim, María Graciela Canal y Yamil Gane, entre otros.
De acuerdo con la hipótesis planteada por la Fiscalía, los investigados habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y fondos de presunto origen ilícito, utilizando para ello un entramado societario que habría funcionado como vehículo para canalizar distintos flujos de dinero.
Según el requerimiento fiscal, los movimientos económicos analizados excederían la capacidad económica atribuida a los involucrados.
En cuanto al posible origen de los fondos, la imputación sostiene que los acusados habrían "puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública".
La investigación se encuentra a cargo del fiscal general Patricio Sabadini, mientras que los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
Las denominadas granjas de criptomonedas son instalaciones en las que se concentra una gran cantidad de equipos informáticos para realizar procesos de minería de activos digitales. Su funcionamiento demanda un elevado consumo de energía eléctrica y requiere equipamiento especializado.
La actividad puede desarrollarse legalmente cuando se encuentra declarada y cumple con las obligaciones correspondientes. Sin embargo, en investigaciones por lavado de activos, este tipo de instalaciones puede ser objeto de análisis debido a que las operaciones con criptomonedas pueden dificultar el seguimiento del origen y destino de determinados fondos.
En este caso, será la investigación judicial la que determine si los equipos encontrados fueron utilizados dentro de una actividad legal o si formaban parte del mecanismo que, según la hipótesis fiscal, habría permitido introducir y canalizar fondos de presunto origen ilícito.
Las conexiones eléctricas clandestinas detectadas en algunos de estos inmuebles constituyen ahora otro de los elementos que deberán ser incorporados y analizados dentro de la causa.
