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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que contempla 3.900 kilómetros y tendrá “100 por ciento de inversión privada”. Según el funcionario, una vez completado el proceso, serán 16 los tramos estratégicos concesionados, por los cuales circula cerca del 80 por ciento del tránsito del país y que, de acuerdo con el cronograma oficial, estarán en obra desde fines de septiembre.
La iniciativa incluye a las rutas nacionales 9, 19 y 34 en Santa Fe y Córdoba; 12 y 18 en Entre Ríos; 34 en Santa Fe y Santiago del Estero; y distintos corredores que atraviesan Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza.
El anuncio abrió cuestionamientos en las provincias. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de instalar un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12. El mandatario consideró “inaceptable imponer una traba más a quienes trabajan, estudian, comercian y producen” y reclamó al Gobierno nacional que revise la medida.
La discusión se produce además en medio de los reclamos por el deterioro de la infraestructura vial tras el freno de la obra pública nacional. Un juez federal ordenó recientemente al Estado reparar de manera urgente sectores de las rutas 7, 8 y 33 en Santa Fe, mientras que en Salta la Justicia solicitó informes sobre los siniestros registrados en unos 200 kilómetros de la Ruta Nacional 34.
En paralelo, Nación avanzó con el traspaso de rutas a San Luis, Santa Fe y San Juan, mientras Río Negro reclama el control de las rutas nacionales 151 y 22. La política profundiza así el retiro del Estado nacional del mantenimiento directo de corredores viales y traslada su administración hacia provincias y concesionarios privados.
