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El planteo había sido presentado por el abogado Mladen Ignacio Sincovich, en representación de los trabajadores. La propuesta buscaba constituir un Fideicomiso de Administración y Explotación Transitoria para sostener el funcionamiento de las sedes Exen Illia, Exen Santiago del Estero y Exen Las Heras, y así preservar las fuentes laborales mientras avanza el proceso judicial.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido en septiembre la extensión de la acción penal contra las personas jurídicas EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S., por su presunta participación -bajo el artículo 304 del Código Penal, en función del art. 303- en maniobras de inserción, disimulación y reciclaje de fondos provenientes del narcotráfico u otros delitos. Según la fiscalía, estas firmas habrían sido constituidas y operadas como sociedades interpuestas con actividad comercial real, utilizadas para canalizar un gran volumen de dinero ilícito bajo la apariencia de inversiones y operaciones legítimas. Ya se habían dispuesto medidas cautelares sobre las empresas en agosto, y el MPF pidió además la suspensión temporal de sus actividades comerciales y de su personería jurídica.
EL ARGUMENTO DEL FISCAL
Sabadini calificó de "contradictorio pretender la mera "administración" y "conservación" de bienes" a través de una figura que supone la transmisión de la propiedad fiduciaria". Al citar textualmente el escrito de la defensa, el fiscal reprodujo el argumento de que la estructura "no se propone como mecanismo de sustracción o desplazamiento de activos cautelados, sino como instrumento de administración judicialmente controlada". Frente a eso, remarcó que los bienes en cuestión "son producto de las maniobras delictivas investigadas, lo que implicaría la continuidad del delito en el tiempo".
El dictamen también objetó que se pretendiera que las propias sociedades imputadas actuaran como "fiduciantes", pese a que sobre ellas ya pesa un pedido de suspensión de personería jurídica. Y cuestionó especialmente que la propuesta ubicara a Juan Martín Castillo Cassiet como fiduciario al argumentar "su conocimiento previo de los circuitos administrativos, financieros proveedores y operativas de las firmas", un antecedente que, para el fiscal, lo vuelve "totalmente inconveniente" para gestionar activos que están bajo investigación por lavado. Con este dictamen, elevado el 9 de septiembre, la decisión final queda ahora en manos de la jueza federal interviniente.
