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El Gobierno nacional formalizó el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un texto que busca establecer un nuevo esquema de sanciones drásticas contra la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
El documento, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, reemplaza el régimen vigente desde 2011. A diferencia de la normativa anterior —enfocada exclusivamente en hidrocarburos—, este proyecto amplía su alcance a todas las formas de aprovechamiento de recursos renovables y no renovables.
El corazón del proyecto radica en el endurecimiento del código penal y las sanciones económicas para quienes operen sin aval del Estado argentino:
Prisión para directivos: Se estipulan condenas de 12 a 20 años de prisión cuando las actividades involucren recursos no renovables. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las penas se fijan entre 15 y 20 años.
Sanciones a proveedores: Quienes entreguen bienes o servicios esenciales a estas operaciones con conocimiento de su destino enfrentarán penas de 5 a 7 años de cárcel.
Multas económicas: Las penalidades oscilarán entre el equivalente a 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, pudiendo trepar hasta los tres millones de barriles en casos de recursos no renovables.
Castigos corporativos: Las sociedades involucradas sufrirán inhabilitaciones de 5 a 20 años, suspensión de actividades por hasta tres décadas y, en casos extremos, la disolución o liquidación de la compañía. Durante la sanción, perderán todo beneficio impositivo o previsional y no podrán contratar con el Estado ni operar en el país.
Para flexibilizar el esquema, el Ejecutivo incluyó un Régimen de Desistimiento y Regularización, que permitirá a las empresas abandonar las operaciones ilícitas y someterse a condiciones de inversión dentro del territorio argentino.
En paralelo a las sanciones económicas, la ley crea el Sistema de Seguridad Nacional, un organismo transversal que articulará las áreas de defensa, inteligencia, economía y diplomacia. Este será regido por el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado directamente por el Presidente.
El texto también define protocolos de intervención militar y policial ante la presencia de aeronaves o embarcaciones hostiles en los espacios marítimos y fluviales. Para los buques infractores, se autorizan maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de la nave tras agotar alternativas pacíficas. El hundimiento quedará reservado exclusivamente como una medida militar excepcional frente a un buque hostil, lo que requerirá autorización presidencial directa, quedando prohibida esta acción contra embarcaciones civiles.
Con el ingreso del proyecto a la Cámara Baja, el oficialismo deberá trazar la hoja de ruta en las comisiones para habilitar el debate parlamentario.
