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El Gobierno nacional oficializó la extensión de la concesión de Aeropuertos Argentina hasta el 13 de febrero de 2049. El nuevo acuerdo incluye una cláusula que permite prolongar el contrato por siete años adicionales, sujeta al cumplimiento estricto de metas y un plan de obras por USD 600 millones.
La medida fue formalizada este lunes mediante la Decisión Administrativa 27/2026 publicada en el Boletín Oficial. Esta normativa ratifica el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual firmada entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la concesionaria, perteneciente al Grupo Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian.
El entendimiento comprende la administración de 35 terminales aeroportuarias en todo el país, incluyendo puntos neurálgicos como Ezeiza, Aeroparque y Córdoba. En conjunto, esta red concentra el 90% del tráfico aéreo de la Argentina, movilizando anualmente a unos 43 millones de pasajeros y empleando a 2.100 personas.
El eje central del desembolso de USD 600 millones estará destinado al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), donde se proyecta la construcción de una nueva terminal. Para habilitar la prórroga hacia 2056, la empresa deberá cumplir dos hitos fundamentales: demostrar la disponibilidad de los fondos antes del 30 de junio de 2027 a través de una auditoría internacional, y concluir el 75% de las obras antes del 31 de diciembre de 2031. La inversión provendrá directamente de las arcas de la compañía, sin utilizar el fondo fiduciario conformado por el canon del 15% que tributa al Estado.
Esta renegociación busca recomponer la ecuación económica afectada por la pandemia, etapa en la que el tráfico internacional cayó hasta un 86%. Bajo la actual gestión gubernamental, el nuevo contrato estableció una tasa interna de retorno del 14,3% y excluyó expresamente tanto el incremento de tarifas como el ingreso de la empresa al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Con esta firma, además, se dan por finalizados los reclamos administrativos y judiciales cruzados.
Por razones de decoro, vinculadas a su pasado laboral en el grupo empresarial de Eurnekian, el presidente Javier Milei se excusó de participar en el proceso de negociación mediante el decreto 1074/26. Como consecuencia, la decisión administrativa lleva las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
