Trabajaba para la ATP y para privados al mismo tiempo: la echaron tras detectar irregularidades

El gobernador Leandro Zdero dispuso la cesantía de una agente contratada de la Administración Tributaria Provincial (ATP) luego de un sumario administrativo iniciado por presuntas incompatibilidades laborales, reiteradas ausencias y distintos incumplimientos en sus funciones.

La medida alcanza a B. A. B. y fue formalizada mediante el Decreto 2312/26, fechado el 28 de septiembre. El expediente se había iniciado a partir de informes de la Receptoría N.º 68 de la ATP, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué detectó el sumario 

Según los fundamentos del decreto, la investigación administrativa relevó inasistencias injustificadas, fallas en el cumplimiento de tareas operativas y técnico-prácticas, falta de respuesta a requerimientos oficiales e inconsistencias en las planillas de asistencia.

Además, a partir del entrecruzamiento de información con registros oficiales y laborales, se determinó que la agente había tenido más de un empleador en simultáneo, incluyendo vínculos con el sector privado. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas concluyó que existieron situaciones de incompatibilidad.

El decreto detalla, entre otros antecedentes, una relación laboral con un estudio jurídico durante junio de 2021 y otra con BICE Fideicomiso S.A. desde julio de 2022, períodos que se superpusieron con su vínculo con la ATP. En cambio, aclara que una relación previa con la Municipalidad de Corrientes había finalizado antes de su contratación provincial y, por lo tanto, no configuró simultaneidad.

También cuestionaron registros de asistencia y tareas 

La investigación sostuvo además que la agente omitió o registró de manera incorrecta presentismos, intentando superponer licencias no autorizadas con jornadas consignadas como trabajadas.

También se le atribuyó haber cancelado de forma unilateral turnos vinculados con diligencias oficiales y haber retenido u omitido la tramitación de oficios judiciales, situaciones que, según el decreto, generaron riesgo para el erario provincial.

Durante el procedimiento administrativo, B. A. B. fue citada a declaración indagatoria pero no compareció. También fue notificada de los cargos y, de acuerdo con el expediente, no presentó descargo ni ofreció pruebas.

El decreto consigna además que en enero de 2024 la agente había remitido un telegrama comunicando su renuncia al empleo desde el 10 de ese mes.

La decisión final 

La Asesoría General de Gobierno consideró que correspondía aplicar una sanción expulsiva por infracciones al régimen de incompatibilidades y a normas del Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial.

Finalmente, el Ejecutivo resolvió aplicar la cesantía a partir de la fecha del decreto, por considerar acreditadas las transgresiones administrativas señaladas durante el sumario.