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El Gobierno del Chaco promulgó la Ley 4268-F, que crea el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), denominado "Chaco Invierte", una herramienta destinada a promover la instalación de empresas y la ampliación de proyectos productivos mediante beneficios fiscales y financieros. La medida quedó formalizada a través del Decreto 2388/2026, fechado el jueves 8 de octubre.
La norma había sido sancionada por la Legislatura provincial el 28 de septiembre y fue promulgada sin observaciones por Carmen Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados, en ejercicio del Poder Ejecutivo. El decreto establece, además, su inscripción en el Registro Provincial y publicación en el Boletín Oficial.
El régimen busca incentivar inversiones que permitan generar empleo privado registrado, fortalecer la infraestructura y ampliar la actividad económica. Podrán acceder tanto nuevos emprendimientos como proyectos existentes que incorporen ampliaciones, modernización, equipamiento o mejoras en su capacidad productiva, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Uno de los principales instrumentos es la reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Durante los primeros 24 meses de la etapa de inversión, los proyectos podrán acceder a una alícuota del 0%, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la normativa.
Posteriormente, durante la etapa operativa, se aplicarán reducciones progresivas de la alícuota vigente: del 65% entre los meses 25 y 48, del 50% entre los meses 49 y 60, del 40% entre los meses 61 y 96 y del 30% entre los meses 97 y 120.
La legislación también contempla beneficios para financiar inversiones, mediante reintegros de parte de los costos financieros asociados a créditos y otros instrumentos destinados a proyectos productivos.
Asimismo, prevé la emisión de Certificados de Crédito Fiscal Transferibles, equivalentes al 60% de determinadas inversiones elegibles realizadas en infraestructura pública y obras o servicios vinculados con la puesta en marcha de los proyectos.
Otro punto es la estabilidad tributaria durante 30 años para las inversiones aprobadas, período en el que los proyectos estarán protegidos frente a nuevos tributos provinciales o incrementos de la carga fiscal, dentro de los alcances y excepciones establecidos por la ley.
Beneficios según la ubicación y el impacto de las inversiones
El régimen incorpora una segmentación territorial para distribuir los incentivos financieros. Los proyectos radicados en las zonas consideradas de mayor necesidad de desarrollo podrán acceder a un reintegro del 3% del costo financiero, mientras que fuera del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) se establece un 2% y dentro del AMGR, un 1,5%.
También se contemplan incentivos adicionales para proyectos que acrediten mejoras ambientales, como reducción de emisiones, eficiencia energética, utilización de energías renovables y conservación de recursos naturales.
La ley establece que la Agencia de Inversiones Chaco funcionará como ventanilla única para recibir y tramitar las solicitudes de adhesión. La autoridad de aplicación estará integrada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Secretaría de Coordinación de Gabinete, dentro de sus respectivas competencias.
Con la promulgación, el Poder Ejecutivo deberá avanzar en la reglamentación del régimen. El artículo 37 establece un plazo de 60 días corridos desde su promulgación para definir los procedimientos y condiciones operativas de implementación.
La reglamentación será necesaria para establecer los mecanismos de adhesión, la evaluación de proyectos y el acceso efectivo a los incentivos previstos. La normativa también fija mecanismos de fiscalización y contempla la suspensión, pérdida o restitución de beneficios ante incumplimientos de las obligaciones asumidas por las empresas.
