ChacoWebLa inspección a una residencia para adultos mayores sin habilitación en Las Garcitas terminó por revelar otra irregularidad: su encargado era un empleado del Ministerio de Salud del Chaco que llevaba años sin concurrir al hospital, pero continuaba cobrando su salario. La historia quedó reconstruida en el Decreto 2421/2026 que dispuso la cesantía de G. A. N. y ordenó investigar cómo se sostuvieron esos pagos.
Según las conclusiones del sumario administrativo recogidas en la norma, el agente no prestaba servicios desde el 1 de septiembre de 2016 . Sin embargo, un informe de Recursos Humanos del 5 de enero de 2024 confirmó que seguía percibiendo sus haberes mensualmente. Integraba la planta permanente desde 2011, en la categoría profesional, y cobraba bonificaciones por título universitario, riesgo de salud y dedicación exclusiva .
El punto de partida fue una visita de supervisión del área social provincial, realizada el 22 de noviembre de 2021 a una propiedad del trabajador en Las Garcitas. Allí funcionaba, desde 2017 y sin la habilitación correspondiente, una residencia para personas mayores de la que el agente se presentó como encargado.
De acuerdo con el decreto, manifestó que trabajaban once personas, entre ellas cinco enfermeros , y que los residentes pagaban una mensualidad cuyo monto variaba según cada caso. Las autoridades dispusieron la clausura del establecimiento y la reubicación inmediata de ocho adultos mayores .
La actividad, sin embargo, continuó en otro domicilio. El documento señala que la residencia volvió a abrir en la casa de una hermana del agente. En una constatación realizada el 22 de marzo de 2022 , se le advirtió sobre la prohibición de alojar a personas mayores y sobre las posibles denuncias administrativas o judiciales si persistía en esa situación.
Mientras se reconstruía lo ocurrido con la residencia, las autoridades del Hospital de Las Garcitas informaron que el empleado había dejado de prestar servicios en septiembre de 2016.
El establecimiento también señaló que desde entonces no se emitían certificaciones de servicios a su nombre y que no existían instrumentos legales que acreditaran un traslado, una transferencia o una asignación a otra dependencia. Pese a ello, los pagos continuaron hasta 2024, cuando se instruyó el sumario y se ordenó la retención de haberes.
Durante el procedimiento, el trabajador se abstuvo de declarar y luego presentó un escrito de defensa. Según la evaluación administrativa, no aportó pruebas de las "circunstancias extremas" que había invocado para explicar sus ausencias.
El decreto también menciona una solicitud de reintegro presentada por el agente cuando acumulaba siete años sin concurrir a su lugar de trabajo. La administración interpretó ese pedido como un reconocimiento de que no estaba cumpliendo funciones en el destino asignado.
La decisión provincial no se limitó a desvincular al empleado. El decreto advirtió una "severa falla en los mecanismos de control interno" y ordenó investigar a las autoridades, jefaturas de personal, responsables de certificar servicios y áreas centrales de liquidación que intervinieron durante el período cuestionado.
El objetivo será establecer cómo se mantuvo el pago mensual de salarios a una persona que no asistía al hospital y determinar si hubo negligencia grave o connivencia. Esas responsabilidades todavía deben investigarse: la norma no da por acreditada la participación de otros funcionarios.
Además, el Ministerio de Desarrollo Humano deberá impulsar una investigación administrativa por los antecedentes de la residencia sin habilitación y su reapertura después de la clausura.
El decreto dispuso que Recursos Humanos de Salud determine si existen montos a recuperar y, en ese caso, gestione la devolución de los haberes percibidos indebidamente . No estableció una cifra total.
También ordenó dar intervención al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado , y autorizó a esta última a promover las acciones legales correspondientes si las gestiones extrajudiciales no prosperan.
La cesantía cierra el sumario sobre la conducta del agente, pero deja abiertas otras dos cuestiones: cuánto dinero deberá recuperarse y quiénes permitieron que la liquidación de sus salarios continuara durante años.
