José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y le prohibieron salir del país

El juez federal Lino Mirabelli fijó un embargo de $1.000 millones al exdiputado y también dispuso medidas contra su contador y una sociedad familiar.
Nacionales22/10/2026ChacoWebChacoWeb

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El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó este jueves el procesamiento del exdiputado José Luis Espert en una causa penal por lavado de activos. La resolución judicial le impuso la prohibición absoluta para abandonar la Argentina y le trabó una cautelar patrimonial sobre sus bienes por la suma de $1.000 millones.

El dictamen judicial también dispuso la imputación de su asesor financiero y contable, considerado por la fiscalía como presunto coautor de las maniobras de blanqueo. Ambos quedaron formalmente vinculados a la causa que tramita en los juzgados federales de la zona norte del Conurbano bonaerense.

La investigación penal se enfoca en el cobro de USD 200.000 realizado durante la campaña electoral del año 2019. Según la acusación judicial, los fondos ingresaron al patrimonio del dirigente sin la correspondiente justificación de su origen legal.

Las transferencias financieras investigadas provinieron de una firma vinculada directamente al empresario Federico "Fred" Machado. El inversionista fue privado de la libertad y procesado en Estados Unidos bajo severos cargos por tráfico internacional.

Durante sus declaraciones en el expediente, la defensa del economista sostuvo que las sumas percibidas respondían al pago de honorarios profesionales por tareas de asesoramiento. Sin embargo, la justicia desestimó esa hipótesis al calificar los papeles presentados como contratos simulados.

El juez Mirabelli consideró acreditado que existió una estructura montada para introducir recursos de origen ilícito en el circuito bancario formal. Con esta medida, la causa dio un paso decisivo hacia la etapa de elevación a juicio oral.

Frente al fallo dictado en los tribunales bonaerenses, los abogados defensores confirmaron que apelarán la resolución ante la Cámara Federal. El tribunal de alzada deberá revisar los embargos y las restricciones personales impuestas al referente político.

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