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El Gobierno nacional anunció este martes la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027, como parte de un paquete de medidas destinado a aliviar las dificultades financieras del sector privado. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó las iniciativas durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), en un contexto de elevados costos crediticios y dificultades para sostener la actividad productiva.
Una de las principales novedades es la ampliación del plan de regularización de deudas impositivas en 18 cuotas. Hasta ahora, el régimen contemplaba obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, pero el nuevo esquema incorporará también aquellas con vencimiento hasta el 31 de octubre de 2026. La intención oficial es brindar mayor margen financiero a las empresas que mantienen compromisos pendientes con el organismo recaudador, aunque la suspensión de embargos no implica la eliminación de las deudas.
Otra medida apunta a resolver los problemas derivados de los créditos fiscales acumulados. Las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por IVA de exportación y reintegros para cancelar obligaciones aduaneras, mientras que las grandes compañías accederán a un mecanismo similar de manera progresiva. Con esta modificación, Economía busca evitar que las empresas deban afrontar pagos al Estado mientras mantienen fondos pendientes de devolución por parte del propio organismo.
El paquete también incluye nuevas líneas de crédito del Banco Nación destinadas al sector automotor, con plazos de financiación de tres, cuatro y cinco años y tasas fijas cercanas al 20%, según lo anunciado. La herramienta busca mejorar el acceso al financiamiento en una actividad que depende especialmente de la disponibilidad de crédito.
Caputo reconoció que el costo financiero representa uno de los principales problemas para las pymes y sostuvo que las medidas apuntan a brindarles mayor previsibilidad para ordenar sus cuentas. Los anuncios responden a reclamos del sector industrial, aunque su alcance efectivo dependerá de las condiciones de implementación y de la evolución del crédito y la actividad económica.
