Jueces por decreto, Argentina de facto: ¿choque de poderes?

Lo primero surge del hecho de que el principal tribunal de justicia del país validó la designación de un magistrado por decreto, esto es en comisión, con validez durante el período de sesiones ordinarias que comenzará este sábado.

Para encontrar antecedentes de eso, cuya validez es ardorosamente discutida por los especialistas y directamente descalificado por muchos de ellos, hay que volar hasta mediados del siglo XIX o a gobiernos de facto. Asimismo, a nivel político se ha resaltado que el decreto 137/2025 aprovechó una ventana de apenas tres días entre el fin de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno –que podrían haberse extendido– y el inicio de las ordinarias.
También puede hablarse de una nueva era jurisprudencial debido a la impronta conservadora que García-Mansilla lleva a la Corte, funcional a la batalla cultural oficial y que podría marcar, como mínimo, un contrapunto y como máximo, una influencia, respecto de las posturas conocidas de sus colegas.

Mientras el Senado define sus pasos y crece la controversia por la ausencia de mujeres en el cuerpo, ¿qué hay que esperar de García-Mansilla?

Las definiciones que dejó durante la defensa de su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado –pocas y de tono general más bien ambiguo– quedan relativizadas por un elemento crucial: en esa ocasión, defendió la constitucionalidad del nombramiento por decreto de magistrados en caso de receso legislativo, pero, para reducir resistencias a su figura, afirmó que no lo aceptaría para sí mismo por el nivel de controversia que eso generaría. Finalmente, actuó en sentido contrario.

En términos estrictamente jurídicos, García-Mansilla, un hombre de impronta académica y actuación sólo en el sector privado, tiene una importante trayectoria como asesor legal de empresas petroleras, lo que va de la mano de la emergencia de un nuevo polo de desarrollo hidrocarburífero en Vaca Muerta. Para las compañías inversoras, su presencia en el más alto tribunal representa un activo ante eventuales litigios ambientales o económicos.

En la audiencia del 28 de agosto del año pasado se mostró evasivo en muchos temas nodales, ya sea por no adelantar opinión de un modo que lo complicara en caso de acceder a la Corte o por diferenciar sus opiniones personales de lo que mandan las leyes vigentes. Así se comportó al ser interrogado sobre la ley de identidad de género, una eventual norma contra el negacionismo de crímenes de lesa humanidad, la constitucionalidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y la mecánica de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Sobre al aborto, se remitió a la existencia de una ley, pero invitó a "distinguir entre despenalización y legalización".

Según indicó, "hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones". La puerta para una posible revisión de la mencionada ley pareció quedar abierta, algo que sería compatible con su historial de definiciones al respecto.

Otro asunto sobre el que se le preguntó en esa ocasión fue la constitucionalidad de una eventual dolarización, proyecto caro a Milei. Si bien dijo que la Carta Magna impone "preservar la moneda (nacional) de alguna manera", se excusó de expedirse sobre el fondo de la cuestión y sugirió que mientras la medida no venga de la mano de una confiscación de depósitos privados, podría ser aceptable en un marco de competencia o convivencia de monedas, tal como plantea desde hace un tiempo el Presidente.