Los fundamentos del juez
El escrito de 24 páginas se conoció este mediodía y sacudió una vez más la ya controversial situación que transcurre en la cerealera, que semanas atrás paró sus plantas en Ricardone y Avellaneda “ante la imposibilidad de obtener contratos” y cuyos principales directivos, actuales y pasados, fueron imputados por estafa. Cuatro de ellos, Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, están detenidos por orden del juez Nicolás Foppiani.
Entre los fundamentos dispuestos por Lorenzini para tomar la medida, da cuenta de un incremento en la deuda tras el concurso, puntualmente a lo largo del último año, superando los 30 mil millones de pesos, además de no tener caja disponible para el pago de sueldos de sus empleados. “Se advirtió en su momento, es producto de la no homologación”, sostienen fuentes de la empresa. En tanto, advierte “pérdida de confianza de los inversores estratégicos” (Bunge, ACA y Viterra), además de “falta de prevención y gestión del daño por parte del Directorio”, entre otros.
En febrero pasado, la Corte Suprema de Santa Fe había rechazado la homologación del concurso de acreedores, que pasó a un tribunal de Rafaela.
La intervención y lo que viene
Con esta medida, el juez dispuso que el contador Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudenberg, que ya venían actuando como veedores, sean designados como “interventores societarios”. Según el escrito, en un plazo máximo de diez días deberán presentar un informe detallado sobre el estado de situación de la empresa y detallar los pasos a seguir. “Trazar los ejes fundamentales sobre los cuales pretenderán ejercer su actividad, delimitar las áreas más sensibles y los negocios más relevantes para la continuidad de la empresa y sus unidades de negocios, exponer los problemas más urgentes que deban ser prioritariamente encarados, y señalar aquellos que podrán ser postergados para una fase posterior”, reza el mismo.
En tanto, con respecto al directorio actual, conformado por Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain, el magistrado suspendió de manera cautelar y sujeto a una eventual remoción definitiva la vigencia de sus mandatos, poderes y facultades de administración y representación societaria. “No tendrán derecho a la percepción de sus haberes correspondientes, durante dicho período de tiempo, sin perjuicio de eventuales prórrogas de esta medida extraordinaria”, se expide.
Fuentes vinculadas a los directivos desplazados confirmaron a Letra P que, por estas horas, se analizan los pasos a seguir, sobre todo ante la posibilidad de recurrir la medida, que fue tomada con sorpresa. “Es extemporánea, hecha por un juez que hace dos años rechazó la homologación del concurso que hubiese evitado todo esto”, manifiestan, al tiempo de achacar la situación actual al “sabotaje de un grupo empresario con un poder judicial favorable”.
Cómo continúa Vicentín
Además, bajo el principio de “prevención de daño”, Lorenzini ordenó que los proveedores de servicios públicos y privados esenciales “deberán abstenerse de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes y servicios” por 60 días, mientras que extiende la misma medida inhibitoria a las obligaciones exigibles por parte de organismos estatales, buscando impedir medidas cautelares que afecten el funcionamiento de la empresa.
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