Bancarios en alerta tras el anuncio del cierre de sesenta sucursales del Banco Nación

El secretario general del gremio en la provincia, Jorge Díaz, expresó en diálogo con NORTE su profunda preocupación por los alcances de la medida: "En realidad, el boletín de prensa que emitió el Banco Nación no habla de ninguna sucursal en específico. Menciona el cierre de sesenta dependencias con el objetivo de generar ahorro y mejorar la situación del banco, pero no dice cuáles serán. Por eso, para nosotros, están todas en riesgo".

El Banco Nación, presidido por Daniel Tillard, comunicó que la reducción de 769 a 709 sucursales ya generó un ahorro de más de $139 millones, con una proyección que supera los $1000 millones hacia fines de 2025. Las medidas, justificadas como parte de un "reordenamiento" y alineadas con la política de recorte estatal del gobierno de Javier Milei, implican también la fusión de estructuras internas, reasignación de recursos y una redefinición de los "puntos de atención estratégica".

RIESGO LATENTE
Desde La Bancaria advierten que este proceso podría ir mucho más allá del cierre inicial anunciado. "Si avanzan con ese plan, no van a terminar en sesenta. Van a ir por etapas hasta dejar al banco en condiciones de que algún inversor —que seguramente ya tienen en mente y que debe estar vinculado al gobierno— pueda comprarlo fácilmente y convertirlo en una sociedad anónima", denunció Díaz.

El dirigente gremial señaló además que, aunque hasta el momento no hubo acciones concretas fundadas en ese boletín, el sindicato permanece atento a cualquier decisión que pudiera afectar los puestos de trabajo o la presencia del banco en localidades del interior profundo.

"Estamos en estado de alerta, vigilantes, y preparados para resistir en todos los terrenos: el gremial, el judicial y el político", sostuvo Díaz, quien remarcó la importancia del Banco Nación como una herramienta estratégica de inclusión financiera para millones de argentinos, especialmente en regiones postergadas.

El gremio no descarta avanzar con medidas de fuerza si el proceso de desguace continúa, en defensa del carácter público del banco y los derechos laborales de sus trabajadores.