Un fallo de la Justicia Federal resolvió que la cuenta de Javier Milei en la red social X representa institucionalmente al presidente de la Nación. La decisión impacta en la denuncia de la familia de Ian Moche y en la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra.
Nacionales17/07/2025
ChacoWeb
La Justicia Federal estableció que las publicaciones realizadas por Javier Milei en su cuenta verificada de X tienen carácter oficial y no personal. La resolución se dictó en el marco de la causa iniciada por la familia de Ian Moche, el joven autista de 12 años que fue blanco de ataques virtuales tras cuestionar el ajuste en el área de discapacidad.
El fiscal federal Nro. 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, dictaminó que la cuenta del mandatario posee la tilde gris, una distinción que la plataforma otorga exclusivamente a jefes de estado y altos funcionarios, lo que confirma su uso institucional. El juez federal Alberto Recondo convalidó este criterio, declaró la competencia federal del caso y ordenó el traslado de la demanda al propio Milei.
El fallo impacta también en la causa que investiga la promoción de la criptomoneda $Libra, difundida por Milei en redes sociales y vinculada a una presunta estafa. Desde el gobierno, la defensa había argumentado que esa publicación se hizo desde una cuenta de uso personal, un planteo que quedó desestimado con la nueva resolución judicial.
La denuncia de la familia Moche solicita que el mandatario elimine un posteo en el que acusó al niño de “estar del lado del mal” y de operar con el kirchnerismo. Según los denunciantes, esa publicación derivó en situaciones de hostigamiento digital y en la difusión de datos personales del menor.
El dictamen subraya que el mandatario utilizó una cuenta reservada según las normas de X a “Individuos del gobierno nivel nacional: jefes de estado, monarcas y primeros ministros”, lo que implica que sus manifestaciones tienen carácter oficial.
Mientras tanto, la publicación denunciada continúa visible en el perfil del presidente y la causa sigue su curso en el fuero federal. El fallo marca un precedente relevante sobre la responsabilidad institucional de los funcionarios en redes sociales y abre un frente judicial que podría extenderse a otros episodios de comunicación digital oficial.
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