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Un esquema de control municipal implementado en La Leonesa desató una fuerte polémica en el interior del Chaco, luego de que repartidores y transportistas denunciaran el cobro de un canon diario cercano a los $47 mil para poder ingresar a la ciudad y realizar entregas a domicilio. La medida provocó cambios forzados en la logística, quejas de vecinos y un debate abierto sobre límites del poder tributario municipal.
El mecanismo se activa en los accesos a la localidad, donde inspectores municipales interceptan a vehículos que ingresan con mercadería o paquetería. Allí solicitan datos del rodado y de la empresa, los registran de manera manual y notifican la obligación de abonar una tasa diaria para poder repartir dentro del ejido urbano.
Según los testimonios recogidos, en algunos casos los repartidores fueron advertidos de que, si no pagan, podrían ser monitoreados por cámaras de seguridad y sancionados en caso de ser detectados realizando entregas.
Repartidores que pagan, otros que se van
El impacto fue inmediato. Algunos trabajadores decidieron abonar el canon para no perder la jornada, mientras que otros optaron por no ingresar a La Leonesa y trasladar la operatoria a localidades cercanas, principalmente Las Palmas. Desde allí comenzaron a contactar a los clientes para coordinar retiros.
La situación generó malestar entre vecinos, que aseguran haber pagado envíos a domicilio que finalmente no se concretan como fueron contratados. En esos casos, deben trasladarse por sus propios medios para retirar los paquetes, asumiendo costos adicionales.
No solo paquetería
Fuentes locales señalaron que el cobro no se limita a repartidores de comercio electrónico. También alcanzaría a camiones con materiales de construcción, arena y otros insumos, así como a prestadores de servicios que ingresan desde otras localidades.
Uno de los puntos más cuestionados es el registro manual de los controles, en un contexto de baja digitalización administrativa, lo que abre interrogantes sobre la trazabilidad de los pagos y el control efectivo de lo recaudado.
La posición oficial: autonomía y defensa del comercio local
Consultado por la situación, el intendente José Carbajal defendió el esquema y sostuvo que la Municipalidad de La Leonesa actúa dentro de sus facultades legales. “El municipio es autónomo y tiene atribuciones para dictar sus propias ordenanzas, entre ellas regular actividades comerciales que generan ganancias y compiten con el comercio local”, afirmó. Negó que se trate de una prohibición y planteó que el objetivo es ordenar y proteger a los comerciantes locales, que pagan impuestos y sostienen empleo en la ciudad.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la tasa no es nueva y que está contemplada en la Ordenanza General Impositiva y Tributaria, que se actualiza cada año.
El texto de la ordenanza al que accedió este medio establece un régimen para introductores de mercadería en general, con dos modalidades:
Pago mensual: $250.000
Pago diario: $42.000
Esa disposición explica la diferencia entre el valor oficial mencionado por el Municipio y los $47 mil denunciados por repartidores, una brecha que hoy forma parte del conflicto y que podría responder a actualizaciones, adicionales o a la forma en que se informa el monto en el control.
El “convenio” que no todos conocen
Desde la Coordinación General municipal indicaron que existe la posibilidad de firmar convenios mensuales para quienes ingresan mercadería de forma habitual, lo que reduciría significativamente el costo diario. Sin embargo, repartidores consultados aseguraron que esa alternativa no fue informada durante los controles.
En el caso de plataformas de comercio electrónico, el Municipio interpreta que no hay un único actor con quien conveniar, ya que el reparto se realiza a través de múltiples trabajadores y vehículos.
Dudas legales y críticas de la oposición
Concejales de la oposición plantearon dos cuestionamientos principales. Por un lado, el alcance real de la ordenanza, que históricamente se aplicó a proveedores y no habría sido debatida específicamente para servicios de paquetería. Por otro, la falta de transparencia administrativa, con escasa información pública y dificultades para acceder a balances y registros.
Desde el Juzgado de Faltas, el juez Esteban Laviosa confirmó que hasta el momento no ingresaron multas vinculadas a transportistas por este esquema.
Mientras el Municipio sostiene que se trata de una tasa legal y vigente desde hace años, repartidores y vecinos advierten que el sistema altera la cadena de consumo, encarece los servicios y genera una barrera de acceso para el trabajo.
