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En ese marco, el funcionario apuntó contra los empresarios del sector y sostuvo que se trata de una actividad que fue protegida durante muchos años. Según planteó, el argumento histórico de preservar puestos de trabajo terminó generando un perjuicio para el conjunto de los consumidores, que durante décadas pagaron precios significativamente más altos para sostener esa estructura productiva.
Caputo calificó al caso del sector textil como "emblemático" y cuestionó la idea de que la protección estatal haya generado un beneficio generalizado. Afirmó que, mientras se hablaba de la defensa de unas 150 mil familias, millones de argentinos abonaron ropa y calzado a valores muy superiores a los del resto del mundo, lo que —según expresó— terminó afectando especialmente a los sectores de menores ingresos.
Finalmente, el ministro señaló que la Argentina puede ser competitiva en algunos segmentos de la cadena, como la producción de hilados, pero reconoció mayores dificultades en la confección frente a países con costos laborales más bajos. En ese sentido, sostuvo que el objetivo del Gobierno es priorizar a los consumidores y generar condiciones para que quienes pierdan su empleo puedan reinsertarse en otras actividades, al afirmar que el desafío no es el cambio productivo sino la falta de nuevas oportunidades laborales.
