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Desde este lunes comenzó a regir la ley de Inocencia Fiscal, luego de que el Gobierno nacional publicara en el Boletín Oficial el decreto reglamentario que pone en marcha el nuevo esquema de blanqueo y habilita el uso de los denominados "dólares del colchón". La medida activa el Régimen Simplificado de Ganancias y redefine el alcance de las fiscalizaciones, con el objetivo de incentivar la formalización de ahorros no declarados.
El Decreto 93/2026 establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo podrá controlar los ingresos declarados y las deducciones admitidas, dejando expresamente fuera de su análisis la evolución patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios. Según la interpretación oficial, si el contribuyente cumple con la presentación y el pago del impuesto en tiempo y forma, se activa un efecto liberatorio que impide la revisión administrativa y penal de períodos anteriores.
El régimen es voluntario y alcanza a personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, verificados ejercicio por ejercicio, y excluye a los grandes contribuyentes. La normativa prevé una declaración jurada precargada que podrá ser aceptada o ajustada, y define como discrepancias relevantes las diferencias que superen el 15% del impuesto, la superación de umbrales del régimen penal tributario o el uso de facturas apócrifas, con la carga de la prueba a cargo del organismo recaudador.
La reglamentación también introdujo cambios en multas y en materia penal, con nuevos criterios de gradualidad, umbrales más altos para la evasión y un tratamiento diferencial para pymes, además de mecanismos de regularización voluntaria. Desde el Gobierno sostienen que el esquema busca transformar el blanqueo en una herramienta más permanente y estiman que aún existen cerca de USD 170.000 millones fuera del circuito formal, cuya incorporación podría dinamizar la actividad económica.
