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La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Congreso abrió un fuerte debate no solo político y sindical, sino también jurídico. Para el abogado laboralista y expresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Eduardo Massot, varios artículos del proyecto son inconstitucionales y derivarán en una ola de planteos judiciales.
Massot sostuvo que la iniciativa “profundiza un camino que ya había iniciado el Gobierno con el DNU 70/23 y la Ley Bases”, pero advirtió que introduce cambios que afectan derechos adquiridos y vulneran garantías constitucionales.
“La sociedad opina sobre la reforma más desde la grieta política que desde el conocimiento real del contenido. Hay muchas zonas grises y puntos que van a generar conflictos judiciales”, señaló.
Uno de los aspectos más cuestionados es la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas para las pymes. Según explicó, esta medida vulnera el derecho de propiedad del trabajador. “La indemnización es un crédito del empleado. No se puede disponer de ella y obligar a cobrarla en cuotas. Eso ya fue rechazado por la Corte en otros antecedentes”, afirmó.
Además, cuestionó que la reforma establezca que la indemnización por despido sea la única reparación posible, impidiendo reclamar daños adicionales en casos de acoso laboral, persecución o violencia. “Esto va contra la Constitución y contra los tratados internacionales de derecho laboral. Va a ser judicializado”, anticipó.
Cambios que afectan el bolsillo
Massot también advirtió sobre el impacto económico directo que tendrá la reforma en los trabajadores. Uno de los puntos más sensibles es la modificación del régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral.
Actualmente, los empleados perciben el 100% del salario durante la licencia. Con la nueva ley, el pago podría reducirse al 75% o incluso al 50%, dependiendo de si la actividad que provocó la lesión es considerada riesgosa o voluntaria. “Esto abre un enorme margen de interpretación y va a generar conflictos judiciales constantes”, explicó.
En la misma línea, cuestionó el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a las empresas financiar parte de las indemnizaciones con aportes que se descuentan del sistema previsional. “No es plata que pierda hoy el trabajador, pero sí afecta directamente los recursos de ANSES y, a futuro, el sistema jubilatorio”, alertó.
“La ley no crea empleo”
Otro de los ejes centrales del discurso oficial es que la reforma permitirá crear más empleo y reducir la informalidad. Sin embargo, Massot fue categórico: “Una ley no crea trabajo. El empleo se genera con inversión, producción, ahorro y estabilidad económica. Ninguna reforma laboral por sí sola logró blanquear empleo en Argentina”.
Recordó que los distintos regímenes de blanqueo implementados en los últimos años fracasaron y sostuvo que el proyecto actual no ofrece incentivos reales para modificar esa tendencia.
Más juicios, no menos
Lejos de reducir la litigiosidad, Massot consideró que la reforma podría incrementar los juicios laborales, debido a la cantidad de conceptos ambiguos que incorpora.
“Hablar de actividades riesgosas, de pagos parciales, de límites al derecho de huelga o de indemnizaciones en cuotas es abrir la puerta a miles de reclamos judiciales. Hay muchas inconstitucionalidades que van a ser discutidas en tribunales”, subrayó.
