La Cámara volteó el fallo de Casanello, corrió a Voytenco de la Obra Social de los Peones Rurales y vuelve a investigar su patrimonio

La Sala 2 de Cámara Criminal y Correccional Federal dictó un fallo trascendente con una potente amplificación política y sindical. Es que revocó el fallo, de hace apenas unas semanas, con el que el juez federal Sebastián Casanello había ordenado el fin de la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y había restituido la conducción a José Voytenco.

Los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, con al disidencia de Eduardo Farah, entonces, se hicieron eco de una apelación de Marcelo Andrada, el titular de la UATRE seccional La Plata, y dejaron sin efecto lo resuelto por Casanello. Por lo tanto ordenaron la restitución de la intervención en la Osprera.

Adicionalmente, en el fallo los jueces se meten en uno de los disparadores del conflicto: el patrimonio de José Voytenco: «…el Presidente de la Obra Social tendría un patrimonio incompatible con sus ingresos lícitos. En dichas presentaciones identificó algunos de los bienes sospechados y, en particular, un inmueble ubicado en el Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires».

En concreto, el fallo repuso la medida cautelar que definió la intervención, dejó sin efecto la determinación de Casanello de reinstalar en sus cargos a las autoridades de la UATRE y volvió a inhibir a Voytenco mientras se continúe la investigación.

El texto ordenó restablecer de inmediato las restricciones preventivas, tras concluir que los riesgos procesales que dieron origen a la intervención se mantienen intactos. Así lo había solicitado, también, el Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). En concreto volverá Marcelo Petroni al comando, luego de las furibundas internas libertarias que expusieron su gestión.

En el expediente, adicionalmente, aparecen fuertes denuncias del propio Andrada y de Eduardo Davicco, opositores a Voytenco en el gremio e integrantes de un espacio denominado Movimiento de Recuperación de la Uatre, que buscan que se investigue la posible comisión de delitos en la obra social sindical. En la práctica expone una interna gremial de alto alcance.

De hecho el propio Andrada ya se presentó ante la Justicia a «solicitar se disponga de manera inmediata el bloqueo de firmas e inmovilización de las cuentas bancarias de la Obra Social, con el exclusivo objeto de resguardar el patrimonio de los beneficiarios y evitar su eventual desapoderamiento».