Hidrovía: Se volvió a complicar la licitación por el curso fluvial exportador con la impugnación de una empresa sobre otra

La novedad fue revelada por el periodista Mariano Galíndez en Rosario3, quien informó que la empresa belga Deme Group —una de las dos firmas que habían superado la etapa inicial— no habría cumplido con varios de los requisitos exigidos en los pliegos, lo que motivó una presentación formal de su competidora, también belga, Jan de Nul.

La hidrovía es la principal vía de salida de granos, harinas y aceites del país, y cualquier movimiento en su licitación tiene impacto directo en el complejo agroexportador. El Gobierno buscó desde el inicio garantizar competencia entre oferentes, pero la presentación de Jan de Nul vuelve a tensionar un proceso que ya venía demorado.

Según reconstruyó Galíndez, la impugnación sostiene que Deme no habría acreditado condiciones técnicas, económicas y administrativas básicas. Entre los puntos cuestionados se mencionan la validez de la garantía de mantenimiento de oferta, inconsistencias en declaraciones juradas sobre volúmenes dragados, contradicciones entre certificados y antecedentes, incumplimientos en los requisitos económicos mínimos y la presentación de equipos que no alcanzarían la potencia exigida. También se objeta la documentación contable presentada y la forma en que la empresa cargó su oferta en el sistema oficial.

Si la autoridad licitante considerara válidos los planteos, Deme podría quedar fuera de carrera. Ese escenario dejaría a Jan de Nul como única oferente, algo que el Gobierno intentó evitar para no repetir el esquema de concesión sin competencia que rigió durante décadas. La administración nacional deberá ahora analizar la impugnación y resolver si corresponde avanzar con la descalificación o permitir que ambas firmas continúen.

El sector agroexportador sigue con atención cada paso. La definición de la licitación no solo ordenará quién se hará cargo del dragado y balizamiento, sino que también marcará los costos logísticos de los próximos años y la previsibilidad de una vía navegable que mueve más del 80% del comercio exterior argentino.

Los pliegos de la hidrovía exigen que cada oferente demuestre solvencia económica suficiente para afrontar una obra de dragado y balizamiento de escala regional. Esto incluye la presentación de estados contables auditados, ratios financieros mínimos y una garantía de mantenimiento de oferta emitida en forma válida.

La impugnación sostiene que la garantía presentada por Deme no cumpliría con las formalidades requeridas y que parte de la documentación contable no acreditaría la solidez económica exigida. En una licitación de infraestructura, la validez de estas garantías es clave porque asegura que la empresa pueda sostener su propuesta y ejecutar la obra sin riesgo de incumplimiento.

El pliego también obliga a demostrar experiencia comprobable en dragado de grandes volúmenes y en obras de características similares a las de la hidrovía. Según la presentación de Jan de Nul, existirían inconsistencias entre las declaraciones juradas de Deme y los certificados aportados para respaldarlas. La experiencia previa es un punto sensible porque determina la capacidad real de una empresa para operar en un corredor fluvial complejo, con exigencias de precisión, continuidad y seguridad.

Otro eje de la impugnación apunta a la potencia y características de las dragas y equipos propuestos. El pliego fija parámetros mínimos de potencia instalada, capacidad de corte y bombeo, y disponibilidad operativa. La presentación sostiene que parte del equipamiento declarado por Deme no alcanzaría esos umbrales. En este tipo de concesiones, la adecuación del equipamiento es determinante: define la velocidad de dragado, la estabilidad del calado y la capacidad de respuesta ante eventos extraordinarios.

La impugnación también menciona supuestos errores o incumplimientos en la forma en que la empresa cargó su propuesta en el sistema oficial. Aunque pueda parecer un aspecto menor, la presentación correcta y completa de la oferta es un requisito excluyente en cualquier licitación pública, porque garantiza igualdad de condiciones y evita que se incorporen documentos fuera de plazo o sin validación.