ChacoWebEl Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone una reconfiguración profunda del sistema de asistencia a personas con discapacidad, con eje en mayores controles, revisión de beneficiarios y cambios en el esquema de financiamiento.
La iniciativa, titulada "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", fue presentada en el Senado en un contexto de tensiones políticas y reclamos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya aplicación fue ordenada por la Justicia.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para quienes perciben pensiones por invalidez. Según el texto, los beneficiarios deberán volver a acreditar su condición médica, situación económica y antecedentes laborales.
El incumplimiento de este proceso podría derivar en la suspensión automática del beneficio e incluso su baja definitiva.
Además, se prevé un sistema de fiscalización con cruce de datos entre organismos estatales, como ANSES y otras dependencias, con el objetivo de detectar inconsistencias. En esos casos, el proyecto habilita suspensiones preventivas, aunque contempla instancias de defensa.
La propuesta fija la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina mecanismos que permitían incrementos adicionales por invalidez laboral o ubicación geográfica.
En paralelo, introduce una incompatibilidad total con el empleo formal, lo que impediría que una persona con discapacidad mantenga el beneficio si accede a un trabajo registrado. Este punto también impacta en programas de inclusión laboral, que serían modificados o eliminados.
El proyecto también avanza sobre la estructura del sistema al modificar el esquema de financiamiento y negociación de prestaciones de salud. En ese marco, propone acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para administrar los recursos.
Entre los cambios más relevantes, se destaca la eliminación del nomenclador nacional, lo que implicaría una mayor desregulación en los valores que negocian obras sociales y prepagas.
La iniciativa oficial plantea la derogación de varios artículos de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que en la práctica significaría un retroceso hacia criterios más restrictivos en la definición de beneficiarios.
Mientras la normativa vigente había ampliado el alcance de la cobertura con un enfoque más integral, el nuevo proyecto vuelve a centrarse en la invalidez laboral como eje principal y refuerza los controles sobre el acceso al sistema.
El ingreso del proyecto por el Senado responde a una estrategia del oficialismo para facilitar su tratamiento legislativo, en un contexto donde podría enfrentar resistencias en Diputados.
Se anticipa un debate intenso en el Congreso, especialmente entre sectores que previamente respaldaron la emergencia en discapacidad y que ahora deberán posicionarse frente a una reforma que introduce mayores restricciones.
