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El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas incluidas en la reforma laboral aprobada este año y que modificará la forma en que se financian las indemnizaciones por despido en el sector privado.
El FAL funcionará como un sistema de fondos administrados por entidades autorizadas, donde los empleadores realizarán aportes mensuales destinados a cubrir futuras compensaciones laborales.
Según la reglamentación, cada empresa deberá abrir una cuenta individual en fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros habilitados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí se acumularán los recursos destinados a afrontar eventuales indemnizaciones por despido.
El sistema alcanzará a trabajadores registrados del sector privado que cuenten con al menos 12 meses de antigüedad formal antes de la finalización de la relación laboral.
Los empleadores deberán efectuar contribuciones mensuales al fondo, que serán canalizadas a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto con la declaración de cargas sociales.
Además, el Gobierno estableció beneficios fiscales para las empresas, ya que los aportes serán deducibles del Impuesto a las Ganancias y permitirán reducir contribuciones patronales. Si una empresa no informa la entidad elegida para administrar los fondos, la CNV asignará una de oficio para garantizar el funcionamiento del sistema.
Cuando se produzca una desvinculación laboral alcanzada por el régimen, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica. Luego, la entidad administradora verificará los datos del trabajador y transferirá directamente el monto correspondiente a su cuenta bancaria en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La responsabilidad por el cálculo de la indemnización seguirá siendo del empleador.
La normativa establece que los recursos deberán invertirse exclusivamente en instrumentos financieros y valores negociados en Argentina. También se fijó un tope del 1% anual para las comisiones de administración que podrán cobrar las entidades encargadas de gestionar los fondos. Asimismo, se prevén mecanismos de portabilidad para que las empresas puedan trasladar los recursos entre distintas administradoras habilitadas.
El decreto contempla multas y acciones de ejecución fiscal para los empleadores que no realicen los aportes correspondientes. Los montos recaudados por sanciones serán destinados al financiamiento de los subsistemas de la seguridad social.
Aunque inicialmente se especulaba con una implementación durante el primer semestre del año, la reglamentación confirmó que el nuevo Fondo de Asistencia Laboral comenzará a funcionar oficialmente desde el 1 de noviembre de 2026.
