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El Gobierno se resiste a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795). En esa línea, Javier Milei firmó el decreto 759/2025, por el cual estableció que no aplicaría la norma hasta que se definieran las fuentes específicas de financiamiento.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo colectivo contra ese decreto y consiguió una cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo pagar lo que les debe a las universidades y a los docentes.
La medida cautelar fue dictada por el juez Martín Cormick, el mismo magistrado que determinó que era nulo el llamado protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La decisión de Cormick sobre el financiamiento universitario fue validada por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, integrada por Sergio Fernández y Alberto Morán.
El Gobierno llevó la discusión a la Corte Suprema en un intento por demorar el pago de sus obligaciones. Como estrategia adicional, planteó recusaciones contra los jueces que intervienen en el caso.
A Cormick, por ejemplo, lo impugnó porque ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de José C. Paz. A Fernández, por su lado, lo objetó porque es docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
En el caso de los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el Gobierno sostuvo que debían excusarse porque todos ejercen la docencia universitaria. El planteo se produjo mientras docentes y autoridades universitarias realizaban clases públicas en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para recordarles a los cortesanos la urgencia de una definición.
En una resolución firmada por sus tres integrantes, la Corte le recordó al Gobierno que las recusaciones tienen un carácter restrictivo, ya que implican sustraer una causa de su juez natural. En ese sentido, rechazaron las recusaciones y ratificaron la intervención de Cormick y de los jueces de la Cámara.
Para los cortesanos, que un juez sea docente universitario o incluso perciba un salario por esa tarea no significa que tenga un interés personal en la resolución del pleito. Por esa misma razón, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron apartarse del expediente, según confirmaron fuentes tribunalicias.
El 1 de junio se incorporó al expediente la carta que Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, remitió a la Corte Suprema. En ella, más de 4700 personalidades y organizaciones de la sociedad civil les piden a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que no demoren el tratamiento del financiamiento universitario.
“Esta Corte tiene la oportunidad de reafirmar que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable”, dice la nota.
Entre los firmantes se encuentran jueces como Alejandro Slokar y Daniel Rafecas. También hay juristas y académicos de renombre, como Andrés Gil Domínguez, Francisco Verbic, Gabriel Ignacio Anitua, Gustavo Arballo, Horacio Corti, Laura Clérico, Luis Niño, Manuel Garrido, Marcelo Raffin, Diana Maffia, Dora Barrancos, Marisa Herrera, Pedro Caminos, Roberto Gargarella y Valeria Thus, entre muchos otros.
En paralelo, la comunidad educativa del colegio Carlos Pellegrini también está impulsando un petitorio para ser presentado ante la Corte.
