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La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entró en una nueva etapa con una serie de medidas impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y la evolución de sus bienes.
Entre los requerimientos ordenados figura un pedido de informes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para reconstruir el funcionamiento del mercado de activos virtuales en Argentina desde 2012, período previo a las inversiones en Bitcoin que Adorni aseguró haber realizado años atrás.
La fiscalía intenta verificar la explicación brindada por el funcionario respecto del origen de parte de su patrimonio. Según manifestó públicamente, habría invertido unos 200.000 dólares en criptomonedas y obtenido ganancias significativas a partir de esas operaciones.
Como parte de esa línea investigativa, Pollicita requirió a la CNV información sobre exchanges, billeteras virtuales, plataformas y otros intermediarios que prestaron servicios vinculados a criptomonedas en el país desde 2012 hasta la actualidad.
Además, solicitó antecedentes regulatorios y precisiones sobre la existencia —o no— de registros formales de operadores de activos virtuales durante los primeros años de expansión del mercado.
En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en la elaboración de un informe técnico sobre la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, con el objetivo de analizar la plausibilidad económica de las operaciones mencionadas por el jefe de Gabinete.
Otra de las medidas apunta a reconstruir los gastos vinculados con una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, donde Adorni adquirió y remodeló una casa de fin de semana.
Para ello, la fiscalía solicitó registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, empresas de transporte y servicios que hayan ingresado al lote durante el período en que se realizaron reformas y tareas de acondicionamiento.
La intención es determinar el volumen de inversiones efectuadas en el inmueble y establecer si esas erogaciones guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario.
Fuentes judiciales aclararon que el requerimiento está orientado exclusivamente a cuestiones patrimoniales y no a la identificación de visitas personales o reuniones realizadas en el lugar.
La pesquisa incluye además pedidos de información sobre la situación laboral de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, particularmente respecto de eventuales vínculos con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.
El fiscal requirió documentación relacionada con posibles contrataciones, funciones desempeñadas, remuneraciones percibidas y declaraciones patrimoniales correspondientes a ambos.
Asimismo, la Justicia solicitó información sobre una versión que indica que Silvia Pais, madre del funcionario, residiría actualmente en el barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui.
En caso de confirmarse esa situación, la administración del country deberá informar desde cuándo ocupa la propiedad, si lo hace como propietaria o inquilina y remitir documentación vinculada a alquileres, expensas y demás gastos asociados al inmueble.
Dentro de la batería de medidas también figura un requerimiento a una empresa dedicada a la venta de muebles y colchones para esclarecer una operación comercial superior a los ocho millones de pesos detectada durante el análisis de dispositivos secuestrados en la causa.
La fiscalía busca identificar quién efectuó el pago, cuál fue el destino final de los productos y quién resultó beneficiario de la compra.
Además, Pollicita pidió información vinculada a otra investigación judicial que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, con el objetivo de determinar si existen elementos patrimoniales o movimientos económicos que puedan resultar relevantes para el expediente principal.
La causa permanece en etapa de producción de pruebas y, por el momento, no registra imputaciones ni resoluciones de fondo respecto de la situación procesal del funcionario.
