Vialidad: la Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Kirchner por el decomiso de $685 mil millones

La orden de decomiso alcanza a un total de 111 bienes. El Tribunal Oral federal 2 ya puso en marcha el proceso de tasación de algunas de las propiedades ubicadas en el sur del país.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos de la expresidenta y de Lázaro Báez, entre otros acusados que se oponían al decomiso y al sistema de actualización del mismo fijado por los jueces de la causa.

El monto original del decomiso había sido actualizado de acuerdo con un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, y esa cifra es la que ahora quedó firme.

Por ese decomiso deben responder solidariamente todos los condenados. Entre ellos, quienes conservan bienes de magnitud son Cristina Kirchner, ya que los activos de Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que recibió por lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

En la causa se investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según surge del expediente, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez, por miles de millones de pesos.

El año pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), integrado en el momento de la sentencia por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Guillermo Periotti y Francisco José López a seis años de prisión. También quedaron condenados Juan Carlos Villafañe a cinco años; Raúl Gilberto Pavesi a cuatro años y seis meses; Mauricio Collareda y José Raúl Santibáñez a cuatro años; y Raúl Osvaldo Daruich a tres años y seis meses.

Todos fueron hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la adjudicación de contratos de obra pública vial en la provincia. Por esta causa judicial, la ex presidenta cumple desde hace un año la condena bajo el régimen de arresto domiciliario.

Casación también había confirmado la decisión del tribunal de ejecución que fijó el decomiso y su actualización. Con la resolución ahora adoptada por la Corte, quedaron firmes tanto esa cifra como los rechazos a los planteos contra las medidas de ejecución patrimonial.