Javier Milei limita el uso de tecnología china y pone en guardia a Telecom y a las telcos

La disposición pareciera estar hecha a medida de los intereses estadounidenses porque viene precedida de otras medidas que van en la misma línea. En primer lugar, el 25 de junio, la Argentina formalizó su adhesión a Pax Silica, que el Departamento de Estado define como su “iniciativa insignia” en inteligencia artificial y seguridad de la cadena de suministro.

El 22 de octubre, en una reunión entre el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Christopher Landau en el Palacio San Martín, se anunció un aporte estadounidense de u$s 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad y un programa que contempla el reemplazo progresivo de equipamiento chino en las redes del Estado.

Por último, el 2 de noviembre asumió Walter Fabián Agüero al frente del CNC y tres días después firmó la disposición.

Huawei, la principal afectada "La compañía recibió con sorpresa y preocupación la publicación de esta resolución, cuyos requisitos limitan de hecho la participación de proveedores con décadas de trayectoria y cumplimiento en el país”, señaló la empresa. Y agregó que “evaluará con sus equipos legales todas las alternativas a su alcance”.

Una disposición inconsulta

Las cooperativas fueron aún más específicas en su reclamo. “Nadie nos consultó antes de dictarla”, sostuvo la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), en un comunicado firmado por su presidente, Antonio Roncoroni.

Según la federación, la disposición “pone en riesgo la conectividad del interior”. También advierte que de extenderse la medida a empresas privadas, varios fabricantes con los que construyeron sus redes quedarían fuera sin que se haya evaluado un solo equipo.

La preocupación cruza a todo el sector. “La medida, tomada de manera inconsulta, sin la participación de la industria, ha generado preocupación en todo el arco de actores, desde los grandes operadores a las cooperativas y pequeños y medianos ISPs”, dijo a Letra E Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase). El motivo principal, según explicó, es que el artículo 9 abre “la puerta a trasladarle a todo el ecosistema de telecomunicaciones un estándar excluyente que consideramos perjudicial para la infraestructura digital de Argentina”.

“La neutralidad tecnológica es un principio rector central que siempre hemos defendido como cámara, por eso consideramos que no se puede regular sobre la infraestructura desconociendo la realidad técnica y económica sobre la que está montada la conectividad en el país”, agregó.

Para Graizer, la norma introduce una distorsión y una nueva carga burocrática que condiciona la libre elección de equipamiento, al someter la infraestructura a un único sello privado que no responde a una evaluación técnica real de los equipos.

Un sello con lista negra

La disposición, firma por el titular del CNC, clasifica el equipamiento en cuatro niveles: crítico, elevado, moderado y reducido. En los dos primeros, el proveedor tiene que acreditar que el fabricante tiene certificado su sistema de gestión de la cadena de suministro según la norma de la Telecommunications Industry Association (TIA). El anexo aclara que no se admiten otras certificaciones como equivalentes.

Para Tomás Pomar, integrante del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), la disposición exige “la ignota certificación TIA SCS 9001, sin admitir esquemas equivalentes. La asociación que administra esa certificación aplica criterios de elegibilidad basados en listas del gobierno estadounidense, entre ellas la de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que incluye equipos de Huawei y ZTE”, explicó a Letra E. “Esto es decir que una decisión adoptada en EE.UU. puede dejar a determinados fabricantes fuera de contrataciones públicas argentinas”.

Además, la Disposición se inscribe en una tendencia más amplia en la que los requisitos de seguridad tecnológica también operan como condiciones de acceso a los mercados. “El Reino Unido ordenó retirar los equipos de Huawei de sus redes 5G, mientras que Estados Unidos restringió la importación y venta de determinados vehículos conectados y componentes vinculados con China o Rusia. Incluso, en el campo de la inteligencia artificial, el paso del AI Safety Institute al AI Security Institute refleja el creciente peso de la seguridad nacional en la agenda británica. En la Argentina, el vínculo con la política estadounidense es concreto”, dice Pomar.

Lo particular de esta medida es que la TIA es una cámara privada de la industria estadounidense. Su política de restricciones excluye de la certificación a cualquier empresa que figure en la lista de equipos restringidos de la FCC o en las listas de entidades del Departamento de Comercio.

En este caso, el Estado argentino está aplicando un estándar directo de Washington, que responde a la guerra fría entre China y Estados Unidos. Por esa razón, la propia norma admite la objeción de la industria. En sus fundamentos, reconoce que la certificación verifica las prácticas de fabricantes y proveedores “sin sustituir la evaluación técnica del equipamiento”. Fecosur reclama que la seguridad “se mida como se mide en el mundo: con normas internacionales y con pruebas a los equipos, iguales para todos”.

La cuenta del interior

Por ahora, la exigencia es obligatoria solo para el Sector Público Nacional, incluidas las empresas del Estado. Pero si el Enacom la incorpora a la homologación de equipos y a las obligaciones de los licenciatarios, “alcanzará a todas las cooperativas y pymes del país”, advierte Fecosur.

Los grandes operadores ya se cubrieron, al menos en la red nueva. Si bien Huawei tiene presencia importante en las redes 4G de Claro y Personal, ambas empresas diseñaron el núcleo de su 5G con Nokia y Ericsson para reducir la exposición a las restricciones de Estados Unidos.

Las cooperativas y los proveedores chicos no tuvieron esa opción. “Las redes de telecomunicaciones de Argentina no se armaron ayer, sino que son el fruto de décadas de inversión de capital propio en equipamiento probado, homologado, que funciona y que está pago”, sostuvo Graizer.

“Un ISP en una localidad del interior no tiene la espalda financiera para reemplazar equipamiento que hoy rinde perfectamente, ni puede afrontar sobrecostos artificiales por una certificación que encarece la tecnología sin aportar una mejora tangible en la seguridad de los dispositivos”.

Fecosur lo explica lo que podría pasar de avanzar sobre el resto de las empresas: “Una norma que nos obstaculice ampliar, reponer un equipo roto o renovar no mejora la seguridad de nadie y podría empeorar la conectividad”.

Nueve días antes de la disposición, en la apertura de las Jornadas Internacionales de ATVC, Fornelli había destacado el papel de las pymes del sector, que invirtieron a su propio riesgo. Ahora son las más expuestas.

La federación pide una mesa de trabajo con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el CNC y el sector antes del 5 de febrero de 2027, cuando vence el plazo de 90 días para clasificar las redes alcanzadas. Cabase pide lo mismo: “Sentarnos a una mesa de diálogo técnico y abrir una consulta pública antes de que el Enacom tome cualquier determinación sobre los licenciatarios”.

Quince millones contra cinco mil

En Estados Unidos, la FCC estimó en u$s 4980 millones el costo de reemplazar los equipos de Huawei y ZTE en las redes de pequeños operadores, muchos de ellos rurales. Con los primeros fondos aprobados, esas empresas recibieron apenas el 39,5% de lo que necesitaban. Y la propia FCC advirtió que, en las zonas donde son el único proveedor, el cierre de sus redes podía dejar a regiones enteras sin servicio.

En la Argentina no hay un fondo equivalente a la vista. Lo que sí hay son u$s 15 millones que Washington anunció el 22 de octubre para un centro de operaciones de ciberseguridad del CNC en la sede de ARSAT.

No es la única exclusión en el mundo. Alemania obligó a sus operadores a sacar los componentes de Huawei y ZTE del núcleo de sus redes 5G antes de fines de 2026. Pero lo hizo por decisión de su propio Estado, con plazos negociados con las empresas. La Argentina va por otro camino: delegar el filtro en un sello privado estadounidense.

En Costa Rica, un decreto de 2023 excluyó a los proveedores chinos del 5G. Huawei fue a la Justicia pero la Sala Constitucional rechazó su amparo y en 2025 un tribunal rechazó su pedido de medida cautelar.

La decisión oficial quedó bajo cuestionamiento de toda la industria, que reclama una instancia de diálogo antes de que el filtro se extienda a las redes privadas. Mientras tanto, las cooperativas advierten que el costo de la exclusión podría terminar pagándolo la conectividad del interior.