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El Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, con el objetivo de garantizar el tratamiento de la iniciativa este jueves en el Senado y asegurar los votos necesarios para su aprobación.
La decisión fue adoptada luego de las objeciones planteadas por gobernadores aliados y de las dificultades del oficialismo para reunir los 37 votos requeridos en la Cámara alta. El cambio quedó definido durante una reunión encabezada por la senadora Patricia Bullrich, junto a representantes de los sectores aliados, con el propósito de destrabar la sesión prevista para esta semana.
El apartado eliminado era uno de los puntos más cuestionados del proyecto. Si bien establecía la prohibición para que los Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en el país, contemplaba excepciones para empresas y otras estructuras jurídicas con participación estatal extranjera, siempre que contaran con la autorización del Poder Ejecutivo Nacional y de la provincia donde estuviera ubicado el inmueble.
Ese esquema generó cuestionamientos por considerar que podía facilitar el ingreso de capitales vinculados a gobiernos extranjeros en áreas estratégicas del territorio nacional.
La resistencia al proyecto se fortaleció tras las declaraciones de los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Rolando Figueroa, de Neuquén, quienes manifestaron públicamente su rechazo al capítulo sobre extranjerización de tierras.
"He conversado con las dos senadoras nacionales, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley. Y son personas que no cambian de posición", sostuvo Jaldo.
Por su parte, Figueroa fue categórico: "No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional".
La eliminación de este apartado se suma a las modificaciones anunciadas por la conducción del bloque oficialista luego del fracaso del tratamiento de la iniciativa durante julio.
La nueva versión del proyecto, identificada como la número 16, mantiene un límite del 25% por provincia para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Actualmente, la Ley de Tierras Rurales establece que hasta el 15% de la superficie rural de cada jurisdicción puede quedar en manos extranjeras y fija, además, un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente en otras regiones— para cada persona física o jurídica extranjera.
