Jorge Macri pedirá el juicio político a la jueza que cuestionó la baja de imputabilidad

El fallo que declaró inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil generó una fuerte reacción política en la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri  , anunció que pedirá el juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis  , autora de la resolución.

La magistrada, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, había declarado inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 respecto de un adolescente de 14 años y dispuesto su sobreseimiento en una causa por tentativa de robo. La decisión, según aclaró el propio Poder Judicial porteño, se limita a este caso y no implica la suspensión general de la ley  , que continúa vigente.

Macri anunció su decisión a través de sus redes sociales y cuestionó duramente el fallo. El jefe de Gobierno sostuvo que solicitará "inmediatamente" el juicio político contra la magistrada y calificó la sentencia como una decisión que, a su criterio, favorece a quienes cometen delitos. Esas expresiones corresponden al mandatario porteño y no constituyen una conclusión judicial sobre la actuación de la jueza.

El caso se originó el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que cinco jóvenes habían intentado robarle mientras caminaba por la vía pública. El adolescente de 14 años fue incluido entre los acusados, pero la jueza consideró que, dadas las características del hecho y la situación particular del menor, correspondía aplicar el sistema de protección integral de derechos y no el régimen penal juvenil.

De Marinis fundamentó su decisión en los principios de progresividad, prohibición de regresividad, proporcionalidad e interés superior del niño. El fallo también tuvo en cuenta que el hecho quedó en grado de tentativa y que no hubo consumación del robo ni lesiones a la víctima.

La controversia abre ahora una nueva discusión en torno a la implementación del régimen penal juvenil y al alcance del control de constitucionalidad que pueden ejercer los jueces. Mientras el Gobierno porteño anticipó que buscará avanzar contra la magistrada, la resolución judicial establece que la Ley 27.801 continúa vigente para los demás casos alcanzados por la normativa  .