Hotesur-Los Sauces: cómo operó el circuito hotelero entre la familia Kirchner y Lázaro Báez

La causa reconstruye el circuito del dinero que habría llegado a los hoteles de los Kirchner para lavar fondos provenientes de la defraudación con la obra pública en Santa Cruz. Ahora comienza el juicio por Hotesur contra Cristina Kirchner y su hijo, Máximo
Nacionales16/11/2026ChacoWebChacoWeb
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En julio de 2010, una constructora del grupo del detenido empresario Lázaro Báez contrató 20 noches en habitación doble en el Hotel Alto Calafate de la familia Kirchner. Fue para alojar a su personal y se pagaron $ 786.227,75. Las obras públicas donde se supone iban a diario a trabajar estaban en Comandante Luis Piedrabuena y distintos tramos de la Ruta Nacional 3, a una distancia de entre 391 y 472 kilómetros del hotel. Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en la causa Hotesur, ello implicaba recorridos de varias horas desde el lujoso hotel en El Calafate a los puestos laborales.

Este es tan sólo uno de los ejemplos que se escucharán desde el miércoles próximo cuando el Tribunal Oral Federal 5 de por comenzado el juicio a la expresidenta Cristina Kirchner, a su hijo el diputado nacional Máximo Kirchner y otros 16 acusados en la causa Hotesur, que se juzgará junto a la de la inmobiliaria familiar Los Sauces. Sobre esta última, concluyó ya la lectura de la acusación.

CFK y Lázaro comparten banquillo en varios juicios: martes y jueves tienen cita en el caso Cuadernos. Lunes, miércoles y viernes se ven por ahora de manera virtual en Hotesur-Los Sauces. En el caso de Báez, se conecta desde la cárcel de Ezeiza. CFK lo hace desde el departamento de San José 1111, bajo prisión domiciliaria. La virtualidad terminará a la hora de las declaraciones indagatorias. Juntos fueron ya condenados a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Hoteles y lavado

Hotesur investigó una presunta maniobra de lavado de activos a través de la actividad hotelera, con fondos obtenidos mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, delito por el que ya están condenados y cumpliendo penas de prisión en la causa Vialidad la expresidenta y el también acusado Lázaro Báez. La investigación fue enviada a juicio por el juez federal Julián Ercolini.

Para los fiscales que llevaron adelante la acusación, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, Cristina Fernández integraba la presunta organización delictiva junto con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner: diseñó, ejecutó y dirigió el esquema que la fiscalía calificó como lavado de activos, a través de la actividad hotelera de los fondos que provenían, en parte, de la defraudación al Estado mediante obra pública vial en Santa Cruz. La misma se adjudicaba a empresas de Báez, quien a su vez se vinculaba a la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, Valle Mitre.

Según la acusación, junto con su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, la expresidenta intervino primero en la obtención de fondos para comprar los hoteles: la fiscalía mencionó ventas de propiedades a Austral Construcciones y Epelco por $ 15.103.096,50, un préstamo de Austral Construcciones por $ 8.329.596,50 y créditos del Banco Santa Cruz por $ 10.277.933,82.

También prestó asentimiento conyugal en operaciones inmobiliarias y con tierras fiscales de El Calafate que, según el escrito, habían sido adquiridas por $ 135.002,80 y luego vendidas por USD 2.000.000. Intervino en la compra de la Hostería Las Dunas por USD 700.000 y en la adquisición de Hotesur, propietaria del Hotel Alto Calafate, por USD 4.900.000. Se aprobó la donación de 10.000 acciones de la sociedad familiar a Máximo Kirchner, operación que, de acuerdo con la fiscalía, permitió cumplir con el requisito legal de pluralidad de accionistas.

Ya en el último tramo de la supuesta maniobra se ratificó la contratación de Valle Mitre para la administración de los hoteles. Finalmente CFK se habría beneficiado junto a su familia de los fondos que Valle Mitre le pagaba por los alquileres de los hoteles que gerenciaba de la familia presidencial y que provenían en su mayor parte del alquiler de habitaciones por parte de las empresas de Báez. El dictamen identificó $ 6.909.708 por Las Dunas y $ 28.597.624 por la cesión y explotación del Alto Calafate.

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En octubre, el Gobierno volvió a conseguir un superávit financiero a costa del gasto público

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El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en octubre un superávit financiero de $1.578.627 millones, con un resultado que, según señaló, implicó una suba interan
Caputo indicó que el resultado primario del mes alcanzó los $1.931.156 millones, antes del pago de intereses. El desembolso por intereses netos de las tenencias dentro del propio sector público fue de $352.530 millones, de acuerdo con los datos difundidos por el funcionario.
El resultado positivo en las cuentas públicas se da en un mes en el que los ingresos totales del SPN aumentaron 31,2% frente a octubre del año anterior, mientras que los gastos primarios tuvieron un incremento interanual de 23,6%. El ministro sostuvo que la evolución de ambas variables permitió sostener el saldo positivo de las cuentas públicas durante octubre.
En términos del gasto, según informó Caputo, las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a jubilaciones y pensiones mostraron aumentos reales frente al mismo mes del año pasado. La AUH registró una suba de 2,2% y las prestaciones previsionales crecieron 2,1% en términos reales.
Todos los ítems de gastos que informa el Ministerio de Economía cayeron de septiembre a octubre. El gasto en prestaciones sociales pasó de $9 billones a $8,9 billones; el de subsidios económicos, de $1,2 billones a $1,1 billones; el de funcionamiento y otros, de $2,4 billones a $2,3 billones; las transferencias, de $249.000 millones a $203.000 millones; las transferencias a las universidades, de $538.000 millones a $489.000 millones; y el de otros gastos corrientes, de $345.000 millones a $320.000 millones.
Lo mismo ocurrió con los gastos de capital: en energía bajaron de $99.000 millones a $33.000 millones; en transporte, de $106.000 millones a $97.000 millones; en educación, de $969 millones a $678 millones; en vivienda, de $10.600 millones a $6.800 millones; en agua potable y alcantarillado, de $78.000 millones a $69.000 millones; y en otros, de $265.000 millones a $99.000 millones.
ual del 204,9%. Lo que suceda en noviembre y diciembre definirá si el Gobierno logra cumplir la meta anual que se fijó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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