Dura reacción en la UIA por la posibilidad de importar maquinaria usada

El Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) “no era una barrera para evitar la competencia externa sino una forma de evitar que Argentina reciba descartes y material obsoleto de otras industrias”. Y por lo tanto, “su derogación es un retroceso en las políticas de calidad y configura una competencia absolutamente desigual y un desincentivo a la modernización de la industria argentina en momentos donde el mundo defiende sus industrias estratégicas”.

Tan contundente opinión y rechazo despertó en la Unión Industrial Argentina (UIA) la publicación de un decreto del presidente Javier Milei que habilitó la importación de maquinaria agrícola usada y otros bienes de capital en el mismo estado, reduciendo aranceles y eliminando el denominado CIBU, que como su nombre lo indica era un certificado que garantizaba la calidad de los bienes importados.

Para la UIA, esa decisión de autorizar el ingreso de maquinaria usada -que sin ese certificado no pasaría por los controles técnico, de calidad y seguridad a los que es sometida la producción nacional- “constituye un riesgo para la seguridad de los trabajadores y calidad de los productos así como una competencia absolutamente desleal”.

No es que se plante contra la importación, pero la entidad fabril recordó que la cancha no está pareja para los fabricantes locales de bienes de capital, incluyendo los de maquinaria agrícola. “La actual agenda de apertura comercial debe incluir en simultáneo la resolución de los problemas sistémicos de competitividad del país, de manera de reducir el costo argentino sin poner en riesgo el desarrollo económico del país y el empleo”, recomendó la UIA.

Desde la entidad se recordó que el sector metalmecánico en Argentina está compuesto por más de 20.000 empresas, en su mayoría Pymes, y emplea a más de 300.000 trabajadores de forma directa y es responsable del 5% del PBI Nacional y 25% del Industrial. En el caso de los fabricantes de maqunaria agrícola, se estima que hay unos 35.000 empleos en juego, especialmente en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.