Las grandes marcas calificaron la importación de maquinaria usada como “una decisión abrupta que podría destruir el futuro del sector agrícola”

Pero en realidad, lo que ven mal estos industriales es lo que sucede en Argentina, un país que tiene un considerable atraso en su parque de tractores y cosechadoras, porque sus agricultores no tienen la capacidad de compra que tienen los de otros lugares del mundo. Ninguna esas empresas están contentas con su nivel de ventas en el país. Pero su problema principal es que los chacareros argentinos se las ingenian para hacer andar los equipos mucho más tiempo de lo recomendable. El clásico, siga y siga, que “lo atamos con alambre”.

¿Soluciona este problema de atraso tecnológico la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de facilitar la importación de maquinaria agrícola usada? Claramente puede mejorarle los números a algún productor, acercándolo a la actualización de sus máquinas. Pero no se acerca ni a comenzar a resolver el problema de fondo en el agro local, que es la imposibilidad de acceder a los 0Km.

Peor todavía, puede alejarnos del objetivo. Eso quedó claro en un comunicado que este viernes santo emitió la Asociación de Fabricantes de Tractores (AFAT), que agrupa a una decena de marcas internacionales que operan en el país, no solo importando equipos nuevos sino con producción de partes y ensamblado en el país. Los socios de AFAT (Agrale, Massey Ferguson, Challenger, Valtra, CASE IH, New Holland, Claas, FPT, Jacto, John Deere y Stara) tienen en Argentina 12 plantas industriales con unos 16.700 empleos que dependen de ellas.

Ese bloque (que debe distinguirse de los fabricantes de maquinaria genuinamente argentinos, nucleados en Cafma), se declaró en “alerta” ante la la importación “irrestricta” de maquinaria agrícola usada dispuesta por el gobierno de Milei. La calificó como “una decisión abrupta que podría destruir el futuro del sector agrícola”.

Explicó el comunicado de los industriales: “Argentina tiene todas las oportunidades para ser el país más eficiente del mundo en producción agropecuaria, para lo cual requiere modernización y tecnología. La competitividad de la fabricación local se logra bajando el costo argentino (matriz impositiva, costos laborales, etc.). Importar equipos usados, subsidiados y obsoletos nos alejan de esa meta”.

De este modo, las grandes marcas de tractores y cosechadoras se plantaron contra la eliminación abrupta del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU). “La forma de implementación de esta medida establecida en el Decreto 273/25 generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país”, sentenciaron.

“La renovación del parque de maquinaria agrícola es esencial para aprovechar los desarrollos tecnológicos que generan saltos de productividad inmediatos y mantener estándares de calidad y seguridad. Comparativamente una máquina nueva es, como mínimo, un 25% más productiva que la que se utilizaba 10 años atrás”, explicaron.

“Dada la antigüedad del parque de maquinaria agrícola argentino, donde más del 70% las cosechadoras tienen más de 10 años de antigüedad, al igual que el 80% de los tractores, Argentina está frente a una oportunidad inmediata para incrementar su producción y exportaciones de una campaña a otra sin incrementar el área sembrada”, añadieron.

Tras pronunciarse a favor de “la libre competencia”, los socios de AFAT remarcaron que “hay que ser cuidadosos en cómo se llega allí. No se debe pasar de un extremo al otro, ya que se estaría favoreciendo a un sector de la sociedad en detrimento de emprendimientos e industrias que están en el país hace muchísimos años lidiando con impuestos injustos”.

“Nos encontramos ante una medida que impide una competencia genuina ya que introduce una clara asimetría entre la producción y distribución local, y la importación de maquinaria usada -que no cuenta con garantía ni trazabilidad alguna- proveniente de economías subsidiadas y con cargas sensiblemente menores, tanto en materia fiscal, como en costos laborales; condiciones superiores en financiamiento y promoción de la producción y de la comercialización; en los seguros y en la logística”, explicaron.

Este grupo, que tiene fábricas en todo el mundo, recordó que “para los países exportadores de maquinaria usada se trata de mercadería de descarte ya amortizada, por lo cual su valor de exportación es tan bajo que ningún arancel extrazona logra compensarlo como para asegurar una competencia justa, afectando así tanto al mercado local de usados como a las operaciones de compra de maquinaria nueva con retoma de usados”.

demás apuntaron que “en Argentina, entre el 60 y 75% de las ventas de equipos nuevos (dependiendo el segmento) contempla la toma de usados como parte de pago. Con esta medida, como lo demuestra la experiencia en otros países que tomaron caminos similares, habrá una consecuencia directa sobre la demanda de maquinaria nueva, y por ende sobre la actividad de los fabricantes, proveedores de materiales e insumos, servicios y distribuidores”.

En definitiva, AFAT consideró que “la introducción irrestricta de maquinaria usada, no solo atenta contra la necesaria renovación tecnológica mencionada, sino que genera un desequilibrio estructural en el ecosistema productivo en Argentina, cuyas consecuencias exceden lo estrictamente comercial y afectan al empleo; la productividad agropecuaria; la sustentabilidad ambiental y la sanidad fitosanitaria; la seguridad operativa de la maquinaria y de los trabajadores rurales, el transporte y logística asociadas; y la prevención de actividades fraudulentas e ilegales vinculadas al lavado de dinero”,