CAPITANICH INVESTIGADO POR PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE CON TIERRAS FISCALES

La orden fue emitida a pedido del fiscal federal Carlos Amad, en el marco de una causa originada por una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Colonización. En el centro de la escena: adjudicaciones de tierras fiscales durante el gobierno de Capitanich que habrían beneficiado a funcionarios, familiares y empresarios allegados. La causa por presunto lavado de activos que involucra al exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, sumó nuevos movimientos judiciales. La Fiscalía Federal de Sáenz Peña pidió informes a organismos nacionales para rastrear posibles maniobras financieras sospechosas vinculadas tanto al exmandatario como a su entorno familiar directo.

La orden fue emitida a pedido del fiscal federal Carlos Amad, en el marco de una causa originada por una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Colonización. En el centro de la escena: adjudicaciones de tierras fiscales durante el gobierno de Capitanich que habrían beneficiado a funcionarios, familiares y empresarios allegados. El requerimiento del Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Capitanich operó un esquema sistemático de fraude, sustentado en decretos y resoluciones irregulares para entregar tierras y otorgar subsidios de manera discrecional. Según la hipótesis fiscal, se habría conformado una red para desviar fondos públicos y facilitar el enriquecimiento ilícito a través de empresas pantalla y testaferros. Entre las diligencias, se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existen reportes internos o externos de operaciones financieras sospechosas que involucren a los investigados. A su vez, se pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que remita un detalle individualizado de los productos financieros de todos ellos desde 2020 hasta 2024, incluyendo fechas de apertura y cierre, y los movimientos mensuales acreditados y debitados. Además, se libró oficio al Registro Público de Comercio para que informe si las personas mencionadas tienen participación en sociedades comerciales registradas. El requerimiento del Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Capitanich operó un esquema sistemático de fraude, sustentado en decretos y resoluciones irregulares para entregar tierras y otorgar subsidios de manera discrecional. Según la hipótesis fiscal, se habría conformado una red para desviar fondos públicos y facilitar el enriquecimiento ilícito a través de empresas pantalla y testaferros. El expediente judicial ya cuenta con documentación oficial, registros societarios, declaraciones juradas y movimientos bancarios que mostrarían inconsistencias entre los ingresos declarados y los fondos efectivamente acreditados. Las pruebas recolectadas hasta ahora habrían encendido las alarmas tanto en la UIF como en el BCRA. Por otro lado, se recuerda que aún están pendientes las indagatorias a los imputados, instancias clave para determinar si el caso avanza hacia un procesamiento formal. Las audiencias previstas inicialmente para abril fueron suspendidas a raíz de recursos presentados por las defensas, entre ellas la del exministro Santiago Pérez Pons, otro nombre pesado del círculo íntimo de Capitanich. La causa sigue sumando volumen y expectativas en medio de una creciente atención pública y mediática, dada la magnitud del presunto delito y el perfil de los implicados. Con el levantamiento del secreto bancario ya autorizado, se espera que en los próximos días comiencen a llegar los primeros informes de los organismos nacionales.