La AFIP ahora permitirá a los productores que compartan sus datos contenidos en el SISA con quien ellos decidan

 En julio pasado, ese organismo había decidido cooperar con los exportadores de soja y carne locales facilitándoles el acceso a los datos de cada productor contenidos en el SISA (Sistema de Información Simplificada Agrícola), en el que los chacareros deben declarar todos los años sus siembras y cosechas.

El valor de esa base de datos es incalculable para cualquier plataforma o emprendimiento de certificación, con el mismo u otro objetivo del Visec, si logra convencer a los productores de cederle voluntariamente los datos. Que los chacareros estén de acuerdo es la única condición que puso la AFIP en una resolución de julio pasado, pensada para cumplir con la exigencia de los europeos de comprar solo productos agrícolas que provengan de zonas que no hayan sido deforestadas en la historia reciente.

El gobierno de Javier Milei ha sido al menos confuso y dubitativo a la hora de reaccionar frente a esta imposición de los europeos (que recientemente fue prorrogada un año, debido a las críticas). Por un lado la dialéctica del presidente parece ubicarlo a las antípodas de la denominada Agenda 2030, de la cual esta exigencia ambiental forma indiscutiblemente parte. Pero por otro lado la AFIP aceptó ceder los datos de los productores que quisieran cumplirla. Formada por organizaciones ambientales pero capturada luego por las grandes cerealeras y aceiteras (al punto tal que el Visec -administrado por la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario- es la primera organización que se propuso hacerlo.

El equipo económico también hizo malabares frente a este dilema, pues mientras en los foros internacionales la Argentina se alineó finalmente con la posición del Mercosur rechazando la pretensión de la UE, aquí el secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, declaró que él como productor adheriría el Visec o a cualquier otra plataforma que permita certificar las cualidades ambientales de la producción argentina.

De hecho, para salir del atolladero, en octubre pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que controla Pazo decidió abrir el juego a otras certificadoras y creó el “Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales”. El único objetivo de esa nueva instancia burocrática era el de “identificar, sistematizar y promover los esquemas de diferenciación para la agroindustria, que requieran el acceso a distintas fuentes de información pública para dar cumplimiento a estándares o regulaciones internacionales, facilitando el proceso exportador”.

Es decir, los funcionarios libertarios habilitaron una competencia entre Visec y otras plataformas. La que quedó en offside frente a esa medida fue Florencia Misrahi, entonces titular de la ex AFIP y ahora de ARCA, quien había habilitado la cesión voluntaria de los datos del SISA solo a una plataforma. La información es más que importante para certificar lo que reclaman los europeos (que una carga no provenga de un campo deforestado luego de 2021), pues incluye la ubicación y georreferenciación de cada lote, y los movimientos y existencias tanto de hacienda como de soja.

Ahora Mishari, con una nueva medida publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Resolución General 5594/2024 de la todavía AFIP, habilitó el juego a una mayor competencia promovido desde Economía, disponiendo que si los productores optan “por compartir con alguna de las personas jurídicas inscriptas en el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales, la información productiva suministrada ante esta Administración Federal” también podrán hacerlo. No solo con Visec, sino con cualquiera otra plataforma de certificación aprobada por las autoridades de Agricultura.

El trámite es inmediato: los productores deberán elegir la opción “Compartir datos IP” del servicio “Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA)” y seleccionar la persona jurídica con la cual desean compartir dicha información”.

“Una vez manifestada su voluntad de compartir la información, la misma será puesta a disposición sin más trámite en el Domicilio Fiscal Electrónico de la persona jurídica seleccionada anteriormente, conforme a lo previsto en la Resolución General 4.280 y su modificatoria, y al solo efecto de su utilización para demostrar la trazabilidad de origen de los granos producidos”, dice la normativa fiscal.

Con estos idas y vueltas, el gobierno parece olvidar que la exigencia europea corre no solo para soja sino también para productos de madera y sobre todo carne vacuna, aunque el SISA es una base de datos exigidas solamente a los productores agrícolas. Por eso la resolución de la AFIP hace referencia solo a ese rubro.

“Este Organismo habilitará el acceso a la información referida en el artículo precedente, a través del servicio “web” sustentado en la plataforma tecnológica y en el procedimiento de autenticación de usuarios, únicamente en carácter de entidad administradora de dicho servicio, no siendo responsable en modo alguno por las consecuencias que la transmisión pudiera ocasionar y, en ningún caso, asegurará la veracidad de los datos”, aclaró Mishari en su resolución.