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Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, durante estas citaciones se explicará el alcance de las posibles consecuencias judiciales, en un intento por frenar una problemática que ya encendió todas las alarmas en la provincia.
El dato no es menor: ya son 141 las escuelas que recibieron amenazas en Chaco, de acuerdo al último informe oficial. De ese total, 74 corresponden al Área Metropolitana y 67 al interior, lo que evidencia una expansión del fenómeno en todo el territorio.
La mayoría de los casos están vinculados a mensajes en redes sociales que advierten sobre supuestos tiroteos, lo que obliga a activar protocolos de seguridad, evacuaciones y despliegues policiales en cada institución afectada.
A este escenario se suma un dato que genera fuerte preocupación: según pudo saber este medio, cada procedimiento policial tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.
Esto incluye movilización de efectivos, operativos de prevención, intervención de áreas especializadas y la implementación de medidas de seguridad en las escuelas. Desde la Policía del Chaco remarcan que cada amenaza es considerada real hasta que se demuestre lo contrario, por lo que no se puede minimizar ninguna alerta.
En este contexto, la decisión de citar a los padres apunta a reforzar la responsabilidad adulta frente a los hechos protagonizados por menores, en muchos casos sin dimensionar las consecuencias.
