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La solicitud fue presentada en plena investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y en espera de que haga pública su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Hasta el 19 de mayo de 2026, sólo 94.500 contribuyentes adhirieron al régimen, según datos de la ARCA obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública realizado por este medio.
El Gobierno nacional reglamentó, a través del Decreto 93/2026 publicado en febrero de este año, la ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, que busca “blindar” legalmente a las personas que usen los “dólares bajo el colchón”. En ese marco, habilitó el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, destinado a personas con ingresos inferiores a los $ 1.000 millones y un patrimonio menor a los $ 10 mil millones.
El esquema sólo exige a los contribuyentes que declaren sus ingresos y los gastos deducibles de Ganancias (como el pago de la escuela privada), pero elimina la obligación de informar sus consumos personales, con lo que una persona podría comprar un automóvil con dinero no declarado (los dólares o pesos “bajo el colchón”) sin que se investigue el origen de esos fondos.
El nuevo régimen prevé que, una vez que la persona cargue los datos en el sistema, la ARCA calcule el monto a pagar por Ganancias. Una vez realizado el pago, quedará eximido de cualquier otro reclamo en relación con ese tributo, a menos que se demuestre que incurrió en omisiones en la declaración jurada.
Mariano Ghirardotti, tributarista y socio del Estudio Ghirardotti & Ghirardotti, destacó en diálogo con Chequeado que, desde el punto de vista tributario, “no hay nada malo con que se adhiera, porque la ley no excluye a los funcionarios públicos, sino que es un beneficio que se le otorga hoy a todos los ciudadanos que estén por debajo de un determinado umbral de ingresos y patrimonio”. Y agregó: “más allá de quienes son ellos pareciera ser inteligente la decisión”.
El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el Régimen de Inocencia Fiscal para excluir explícitamente de sus beneficios simplificados a los funcionarios públicos que se desempeñen actualmente o lo hayan hecho en los últimos 10 años.
En su sitio web, la Agencia asegura que este régimen tiene distintas ventajas para los contribuyentes que decidan adherirse:
El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga a Adorni por posibles inconsistencias entre sus declaraciones juradas y su patrimonio. Entre ellos, una casa dentro del barrio cerrado Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz (provincia de Buenos Aires) que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 y no figura en su declaración jurada, y la compra y reforma de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Desde que asumió en la función pública, Adorni acumuló gastos y deudas por más de US$ 800 mil. En ese período, su sueldo bruto fue de $ 3,3 millones hasta enero de 2026, cuando asumió como Jefe de Gabinete y un decreto presidencial elevó su salario a $ 7,1 millones.
Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que el origen de su patrimonio es lícito. También afirmó que las dudas quedarán aclaradas con sus declaraciones juradas y que tiene la documentación respaldatoria correspondiente. Sin embargo, a pesar de que el presidente Javier Milei aseguró el 7 de mayo que el jefe de Gabinete adelantaría la presentación de su declaración jurada, cuya entrega vence el 31 de julio, todavía no lo hizo.
En su última declaración jurada, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $ 107,9 millones al cierre de 2024 (unos US$ 90 mil según la cotización del dólar MEP). En 2023, al asumir su cargo, había declarado bienes por $ 61 millones (US$ 61.300). Es decir que la valuación de sus activos creció un 76% nominal en pesos y casi 50% en dólares. Sin embargo, al mismo tiempo declaró deudas que -según los datos reportados- crecieron más que sus bienes (un 178% en pesos, de un año a otro).
