Causa "facturas truchas": Walter Pasko y Fernando Ayala fueron condenados a 10 años de prisión

Pasko fue considerado responsable de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador, en concurso real con lavado de activos como autor. La misma calificación y pena recayó sobre Ayala. En tanto, María José Reinau fue condenada a siete años de prisión como integrante de la asociación ilícita fiscal y autora de lavado de activos.

El veredicto cierra la etapa central de un extenso juicio que reconstruyó una estructura que, según la acusación fiscal, funcionó mediante personas físicas y jurídicas utilizadas para emitir facturas apócrifas, reducir cargas tributarias y generar crédito fiscal ilegítimo. La investigación ubicó a Pasko como uno de los principales organizadores y describió la intervención de Ayala en el funcionamiento de la maniobra.

Las condenas 

Además de las penas de 10 años para Pasko y Ayala y los siete años impuestos a Reinau, el tribunal resolvió:

Walter Pasko:  condenado a 10 años de prisión por los delitos de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe organizador en concurso real con el delito de lavado de activos en calidad de autor.

Fernando Ayala: condenado a 10 años de prisión por los delitos de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador en concurso real con el delito de lavado de activos en calidad de autor.

María José Reinau: condenada a 7 años de prisión por los delitos de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante en concurso real con el delito de lavado de activos en calidad de autora.

Diana Yael Daniel: condenada a 6 años de prisión como coautora penalmente responsable por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Álvaro Iván Pasko: condenado a 4 años y 6 meses de prisión como coautor penalmente responsable por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Jorge Pasko: condenado a 4 años y 6 meses de prisión como autor penalmente responsable por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

María Belén Reinau: condenada a 5 años y 6 meses de prisión como coautora penalmente responsable por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Edith Marisel Ayala: condenada a 5 años de prisión como coautora penalmente responsable por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Ariel Ramón Acevedo: condenado a 4 años de prisión como coautor penalmente responsable por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Osvaldo Ramón Godoy: condenado a 4 años de prisión como coautor penalmente responsable por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Juana Elsa Brahim: condenada a 3 años y 6 meses años de prisión como coautora penalmente responsable por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Todos fueron considerados responsables, con distintas participaciones, del delito de asociación ilícita fiscal.

Una red de facturas apócrifas y fondos públicos 

La causa comenzó a tomar forma a partir de denuncias de contribuyentes que detectaron facturaciones realizadas con sus datos fiscales sin reconocer las operaciones. Según la reconstrucción de la Fiscalía, la organización utilizaba CUIT y claves fiscales de terceros y también sociedades, cooperativas y fundaciones para generar comprobantes por operaciones inexistentes.

La investigación detectó además entidades que prácticamente no tenían empleados, bienes, compras o una estructura económica compatible con los servicios millonarios que facturaban. Parte de esas operaciones tuvo como destinatarios a organismos públicos, entre ellos el entonces Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

Uno de los puntos centrales del juicio fue precisamente el destino de cientos de millones de pesos públicos vinculados con programas de agricultura familiar, economía popular, obras, viviendas e infraestructura, recursos orientados originalmente a sectores vulnerables.

La acusación también sostuvo que Pasko, Ayala y Reinau incrementaron su patrimonio durante el período investigado, mediante adquisición de bienes muebles e inmuebles y movimientos bancarios que fueron analizados como parte del tramo de lavado de activos.

Las defensas habían solicitado absoluciones y cuestionado durante el debate que la prueba permitiera acreditar una organización criminal y el origen ilícito de los bienes. Este lunes, el tribunal rechazó esos planteos en el veredicto y declaró culpables a los once imputados.