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Una investigación por presuntas estafas contra jubilados, pensionados y adultos mayores comenzó a revelar una maniobra que habría utilizado datos personales y reconocimiento facial de las víctimas para gestionar préstamos que nunca habían solicitado. La causa, bautizada policialmente como Operación "Préstame tu abuelo", ya conecta al menos 12 casos y un perjuicio económico superior a los $23 millones.
La pesquisa está a cargo del Equipo Fiscal N.º 13, conducido por el fiscal Víctor Recio, y el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco. El punto de partida fue una denuncia presentada por el Nuevo Banco del Chaco, que advirtió operaciones sospechosas vinculadas con créditos gestionados a nombre de clientes de la entidad.
El análisis posterior permitió cruzar esa información con denuncias que hasta ese momento eran investigadas de manera independiente. Así aparecieron coincidencias entre hechos registrados en Resistencia, Charadai, Colonia Baranda, Presidencia Roque Sáenz Peña, Fontana, Villa Ángela, Tres Isletas, Villa Berthet, La Leonesa y Las Palmas.
Según la hipótesis investigativa, personas vinculadas al esquema llegaban hasta los domicilios de las víctimas presentándose como relacionadas con una firma comercial. Utilizaban como argumento supuestas devoluciones de dinero, beneficios o trámites asociados a planes de ahorro.
En ese contexto, obtenían información personal, fotografiaban documentos y escaneaban el rostro de los adultos mayores. Los investigadores sospechan que esos datos eran utilizados posteriormente para ingresar a servicios digitales, superar los sistemas de validación biométrica y solicitar préstamos a nombre de las víctimas.
Una vez que el crédito era depositado, el dinero era transferido rápidamente hacia cuentas bancarias de terceros o billeteras virtuales. También se detectaron casos en los que los fondos habrían sido retirados en efectivo con intervención de otras personas.
El seguimiento financiero permitió detectar cuentas receptoras que se repetían en diferentes denuncias, una de las claves que llevó a los investigadores a dejar de analizar los episodios como hechos aislados y avanzar sobre la hipótesis de una maniobra reiterada.
Hasta ahora fueron individualizados al menos 12 casos con características similares y el perjuicio supera provisoriamente los $23 millones, aunque la cifra podría modificarse a medida que se incorporen nuevos informes bancarios y aparezcan otros damnificados.
Con las pruebas reunidas, el pasado 3 de septiembre se realizaron tres allanamientos —dos en Resistencia y uno en Fontana— autorizados por el Juzgado de Transición y Garantías N.º 4, a cargo de Juan Carlos Codina.
En Fontana fue aprehendido C.J.G., de 30 años, quien posteriormente fue notificado de su situación legal. Además, la Policía secuestró dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense.
Pero la investigación tuvo otro episodio de fuerte tensión el 7 de septiembre, durante tareas de vigilancia realizadas por Cibercrimen en inmediaciones de García Merou y Necochea, en Resistencia.
Allí los efectivos localizaron a Pablo Mauricio Canteros, de 40 años, uno de los hombres buscados en la causa. Según informó la Policía, cuando advirtió la presencia de los investigadores escapó por los techos de varios inmuebles y consiguió eludir el operativo.
La Policía del Chaco difundió posteriormente su fotografía y solicitó colaboración para lograr su localización y aprehensión. También emitió un pedido de búsqueda sobre Eduardo Abel Hernández, de 32 años, en el marco de la misma investigación por supuesta estafa.
Aunque no pudieron detener al hombre durante aquel procedimiento, los efectivos localizaron un Peugeot 208 blanco, dominio AF-512-DT, que para los investigadores tendría relación con las maniobras. La hipótesis es que el vehículo habría sido utilizado para trasladar o acompañar a algunas de las víctimas durante las operaciones.
Durante las diligencias se presentó una mujer vinculada a uno de los investigados y entregó voluntariamente un iPhone, un reloj inteligente Huawei y la llave del automóvil. El Peugeot fue posteriormente trasladado mediante una grúa al Departamento Cibercrimen.
Ahora, la Justicia busca reconstruir con precisión quiénes participaron en cada operación, dónde terminó el dinero y si existen más adultos mayores damnificados. Los teléfonos, dispositivos electrónicos, movimientos financieros, cámaras de seguridad y comunicaciones incorporadas al expediente serán claves para establecer el alcance de una causa que comenzó con operaciones bancarias sospechosas y terminó abriendo la investigación sobre una posible estructura dedicada a aprovecharse de las víctimas mediante sus propios datos biométricos.
La Policía pidió que cualquier persona que pueda aportar información sobre Canteros o Hernández se comunique con el 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.
