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El Gobierno nacional se prepara para dar de baja alrededor de 20.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que, según fuentes oficiales, fueron otorgadas sin cumplir los requisitos. El anuncio se haría entre el martes y el jueves de esta semana y sería el primer resultado de una nueva auditoría sobre los más de 1,1 millones de titulares que cobran el beneficio en todo el país.
En la Casa Rosada aseguran que la revisión no alcanzará a personas con una discapacidad real y que el objetivo es que los fondos "lleguen realmente a quienes los necesitan". También anticipan que las auditorías van a continuar y que en los próximos meses podrían sumarse decenas de miles de bajas más. Reconocen, además, que la medida probablemente genere reclamos.
La decisión se conoce pocos días después de la votación en el Congreso. Diputados aprobó en la madrugada del jueves 22 el proyecto de Ley de Discapacidad con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, luego de que el oficialismo aceptara cambios reclamados por sus aliados. El texto mantiene la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y sostiene el CUD como requisito principal para acceder. La iniciativa ahora debe ser tratada por el Senado.
Este mes, el haber básico de la PNC por invalidez es de $305.023,96 y, con el refuerzo, llega a $375.023,96 brutos. Quienes la cobran también acceden a la cobertura de salud del programa Incluir Salud.
Desde el Ejecutivo apuntan contra la gestión de Alberto Fernández y sostienen que muchas de estas pensiones se repartieron con fines políticos. En mayo de 2023, aquella administración había informado que llevaba entregadas 300.000. Sin embargo, según los datos que difundió el propio Gobierno el año pasado, el mayor crecimiento del padrón se dio entre 2003 y 2015, cuando pasó de 79.000 a 1.045.000 beneficiarios; en 2019 bajó a 1.026.000 y a fines de 2023 llegó a 1.222.000.
Tampoco es la primera tanda de bajas. En agosto de 2025, el Gobierno anunció la anulación de 110.522 pensiones y explicó que el 60% de los titulares no se había presentado a acreditar los requisitos. Chaco fue uno de los distritos más observados: en un operativo realizado en la provincia, el 66,79% de los pensionados auditados no cumplía las condiciones, lo que terminó en 1.796 bajas. En esa oportunidad, el entonces vocero Manuel Adorni señaló que una misma radiografía de hombro se había presentado como prueba en 150 pensiones distintas.
La revisión no se limita a los beneficiarios. También alcanza a instituciones que recibían fondos públicos por atender a personas con discapacidad. Uno de los casos es el de la Fundación METAS, de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, inscripta desde 2016 como servicio de apoyo a la integración escolar. Entre julio y agosto de 2025, los inspectores encontraron el lugar cerrado, sin agua, sin luz y sin muebles, y en septiembre fue dada de baja del registro de prestadores. Entre 2017 y 2025 había facturado más de $6.200 millones en fondos públicos.
En el Gobierno admiten que las auditorías se demoraron por el escándalo en la ex Agencia Nacional de Discapacidad, que estalló en agosto de 2025 con la difusión de audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo, en los que se hablaba de un supuesto esquema de coimas que salpicaba a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem. Spagnuolo fue desplazado del cargo y sostuvo ante la Justicia que esas grabaciones habían sido manipuladas. La Cámara Federal confirmó su procesamiento, dictado en febrero por el entonces juez subrogante Sebastián Casanello, y a mediados de octubre el juez Ariel Lijo lo amplió: los sobreprecios en medicamentos e insumos superarían los $7.833 millones. Tras el escándalo, el organismo perdió su autarquía y pasó a funcionar como secretaría dentro del Ministerio de Salud.
