ChacoWeb
Mientras Milei profundiza el recorte de personal en la Nación, los gobernadores enfrentan dificultades fiscales y reclaman recursos para afrontar sus compromisos salariales.
El Gobierno Nacional impulsó este mes un nuevo plan de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional centralizada con el que buscará achicar la planta estatal rumbo a las elecciones del 2027. En el gobierno buscan achicar el gasto con recortes sobre el empleo público que trabaja en sus principales oficinas y dependencias.
En las provincias
El tamaño del sector público varía muy ampliamente entre provincias. Según un reciente relevamiento, a nivel nacional, hay un promedio de 49,8 empleados públicos por cada mil habitantes. De las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, solo cinco jurisdicciones se encuentran por debajo del promedio nacional.
órdoba lidera el ranking con menor cantidad de empleados públicos por cada mil habitantes. Cuenta con 32,9 cargos en el estado promedio. Le siguen la provincia de Buenos Aires (37,6), Santa Fe (41,5), Mendoza (43,9) y Salta (48,7). Son las únicas provincias que no superan el promedio ponderado en todo el país, según el relevamiento que toma como base la Subsecretaría de Coordinación Fiscal provincial del Ministerio de Economía.
En el extremo contrario, se encuentra Tierra del Fuego. La provincia cuenta con un promedio de 139,7 cargos públicos por cada mil habitantes. Es decir, más de 1 de cada 10 habitantes trabaja en el Estado.
Algo similar sucede con las provincias de Neuquén, La Rioja, Santa Cruz y Catamarca donde más de 1 de cada 10 habitantes ostenta algún cargo público. Tienen 113,6; 109,8; 107,1 y 102,7 cargos estatales por cada mil habitantes, respectivamente.
Empleo público: las provincias y las dificultades para pagar salarios
El escenario fiscal también representa un desafío para los gobiernos provinciales, que deben afrontar gastos corrientes, salarios estatales y el sostenimiento de servicios públicos en un contexto de restricciones presupuestarias.
En abril de 2026, el Gobierno nacional dispuso adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para doce provincias. La medida, establecida mediante el Decreto 219/2026, alcanzó a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Entre los fundamentos de la decisión, el Poder Ejecutivo reconoció que esas jurisdicciones habían manifestado dificultades financieras transitorias para atender compromisos urgentes derivados de la ejecución de sus presupuestos y de la amortización de deudas.
El mecanismo contempla adelantos que deben ser devueltos dentro del ejercicio fiscal, con intereses y mediante la afectación de recursos coparticipables. Por eso, no representa una transferencia extraordinaria sin obligación de reintegro, sino una herramienta de financiamiento para atender necesidades de caja.
La medida expuso las dificultades que enfrentan distintas administraciones provinciales para cumplir con sus obligaciones financieras. En ese marco, los recursos disponibles condicionan la capacidad de los gobernadores para responder a las demandas de los trabajadores estatales y sostener los servicios públicos.
Coparticipación y reclamos de los gobernadores
La relación financiera entre la Nación y las provincias es uno de los principales puntos de tensión política. Los gobernadores vienen reclamando recursos para afrontar responsabilidades que deben financiar total o parcialmente con sus presupuestos, mientras cuestionan las decisiones nacionales que afectan las transferencias y la disponibilidad de fondos.
Los adelantos financieros otorgados a doce provincias constituyen una señal concreta de las necesidades de caja reconocidas por el propio Gobierno nacional. Sin embargo, al tratarse de recursos que deben reintegrarse, no resuelven por sí solos los problemas estructurales de financiamiento que puedan atravesar las administraciones provinciales.
Las restricciones presupuestarias pueden repercutir sobre las negociaciones paritarias, las recomposiciones salariales y la ejecución de políticas públicas. En las jurisdicciones donde el empleo estatal tiene un peso importante en la economía local, las decisiones sobre salarios también inciden sobre el consumo y la actividad comercial.
