Así caminó desde el estacionamiento hasta el ascensor y luego por el pasillo del cuarto piso de la torre norte, hasta la oficina del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú. Recién ahí le retiraron las esposas. No se permitió tomar fotos ni grabar videos del recorrido. Las únicas imágenes dentro del despacho las tomó el equipo de prensa del Poder Judicial.
De la destitución a la detención
Peña, de 47 años, fue destituido el viernes 6 de noviembre por el Senado mediante juicio político, por el escándalo financiero de Ueno bank. Inmediatamente después quedó detenido por orden del Ministerio Público.
"No puede ser ko, soy un expresidente de la República". Eso respondió Santiago Peña este sábado, en el subsuelo del Palacio de Justicia de Asunción, cuando le avisaron que debía ser esposado para llegar al despacho del juez. Un día antes todavía era presidente del Paraguay.
El protocolo es obligatorio para cualquier procesado con una medida restrictiva de libertad que se desplace dentro del edificio. Según fuentes judiciales, los funcionarios de seguridad convencieron a Peña de que serían solo unos minutos. Finalmente, puso las manos hacia atrás y un policía le colocó las esposas.
En un primer momento debía permanecer en su casa del barrio Mbocayaty, pero la vigilia de manifestantes frente al domicilio obligó a la Policía Nacional a trasladarlo al Regimiento Escolta Presidencial. Allí pasó la noche, acompañado por su esposa, Leticia Ocampos.
El sábado por la mañana fue llevado a la Fiscalía General del Estado para la audiencia de declaración indagatoria. Se abstuvo de declarar.
Malestar por el trato en la Fiscalía
En la sede del Ministerio Público, el exmandatario ingresó en camioneta por un acceso reservado. Lo condujeron sin esposas y con una custodia discreta hasta la sala de reuniones del fiscal general, donde se hizo la audiencia.
Ese trato generó el enojo de ahorristas afectados por la caída de Ueno bank, que se manifestaban frente a la Fiscalía para reclamar la devolución de su dinero y castigo para los responsables.
Los cargos y el pedido de prisión
Tras la indagatoria, Peña fue imputado por lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. El requerimiento, firmado por los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez Benítez, pidió su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.
Los fiscales argumentaron que Peña cuenta con solvencia económica suficiente para eludir la Justicia, con residencias, logística y cuentas fuera del país, y con acceso a fondos no fiscalizados que le permitirían financiar una fuga sin tocar sus cuentas locales bloqueadas. También señalaron que las dos figuras imputadas, en concurso, podrían derivar en una pena de hasta 15 años de prisión, lo que a su criterio reduce el incentivo a someterse voluntariamente al proceso.
En la misma causa también fue imputado Carlos Carvallo, quien presidió el Banco Central del Paraguay hasta el 3 de noviembre. La Fiscalía pidió para él la misma medida.
En camioneta blindada y con su jefe de seguridad
Por la tarde, Peña fue trasladado al Poder Judicial en su camioneta Toyota Land Cruiser blindada, conducida por un chofer militar. A bordo iba también el teniente coronel Óscar Armando Sostoa Martínez, que hasta este sábado seguía como jefe de seguridad del exmandatario. Varios móviles policiales escoltaron el vehículo.
Que conserve una custodia militar fue cuestionado, ya que Peña no solo fue destituido por mal desempeño de funciones, sino que ahora es un detenido con una causa abierta por corrupción.
La decisión del juez
En el despacho lo esperaba su abogado, Ricardo Preda. Peña volvió a abstenerse de declarar ante el juez.
Otazú hizo lugar al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva de Peña y de Carvallo, además de la inhibición de bienes. Al término de la audiencia, el magistrado sostuvo ante la prensa que el expresidente debe permanecer bajo esa medida para garantizar su sometimiento al proceso y su permanencia en el país.
Preda, por su parte, calificó la prisión preventiva como la medida cautelar más extrema. Adelantó que analizará la resolución escrita para decidir si la apela y aseguró que la causa terminará con el sobreseimiento de su defendido, ya que, según su postura, Peña no intervino en las operaciones de Ueno bank ni en los depósitos de organismos públicos en esa entidad.
Una suite en lugar de un calabozo
Terminada la audiencia, Peña fue esposado otra vez para bajar al subsuelo, donde lo entregaron a su custodia militar y a los policías que lo llevaron de regreso al Regimiento Escolta Presidencial.
Allí cumplirá la prisión preventiva. Según trascendió, el expresidente dispone de una especie de suite destinada a los mandatarios en ejercicio, un beneficio que, tras su destitución, ya no le correspondería. El lugar se parece más a una habitación de hotel que a un calabozo.
Mientras tanto, el exvicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República y ya conformó su gabinete.
