
Confirmaron los procesamientos de Capitanich y Soneira por fraude con tierras fiscales
ChacoWeb
Jorge Capitanich y Marta Soneira continuarán procesados en la causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en Chaco. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la resolución del Juzgado Federal de Sáenz Peña que los había procesado, sin prisión preventiva, por su supuesta intervención en una maniobra para beneficiar a particulares con inmuebles del Estado provincial.
El exgobernador y la exministra están procesados como presuntos coautores de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas . La decisión mantiene esas imputaciones durante la investigación: no constituye una condena ni determina de manera definitiva su responsabilidad penal.
Dos parcelas que suman 2.500 hectáreas
Uno de los ejes del expediente son las adjudicaciones a Federico Storti y Leandro Nicolás Bessone de dos fracciones contiguas de unas 1.250 hectáreas cada una, en la zona de Pampa del Infierno, departamento Almirante Brown. Ambos mantenían vínculos societarios con Mauricio Ariel Cian, pareja de Soneira , en las firmas Grupo Pampa Agro y Pampa Semillas.
El tribunal destacó que los trámites comenzaron el mismo día y a la misma hora, y que los proyectos presentados contenían coincidencias en sus objetivos, presupuestos y planes de trabajo. También señaló contradicciones entre la información aportada para obtener las tierras y los registros incorporados a la causa: los solicitantes habían declarado no poseer inmuebles propios y contar con diez empleados, afirmaciones que, según el fallo, no coincidían con los datos patrimoniales y laborales relevados.
Las defensas sostuvieron que no existió un perjuicio económico efectivo porque los inmuebles seguían bajo dominio estatal. La Cámara rechazó ese argumento: consideró que las adjudicaciones reconocieron derechos de valor económico sobre las tierras y permitieron su ocupación y explotación, apartándolas de quienes reunieran los requisitos legales para acceder a ellas.
Capitanich: la firma de los decretos y un fallo dividido
La confirmación del procesamiento de Capitanich fue resuelta por las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García , con la disidencia de María Virginia Ise . La discusión se concentró en el alcance de su intervención como gobernador al firmar los decretos que ratificaron las adjudicaciones.
Para la mayoría, esa firma no era una formalidad. Explicó que la legislación exige la intervención del Poder Ejecutivo para adjudicaciones superiores a 300 hectáreas y que esa instancia representa un control adicional sobre decisiones que comprometen el patrimonio provincial. Por eso sostuvo que la ratificación "no constituye un mero acto protocolar" y que los decretos resultaron necesarios para dar eficacia a las operaciones cuestionadas.
La defensa, ejercida por Gloria Zalazar, había planteado que Capitanich firmó después de los controles técnicos y administrativos correspondientes, que podía confiar en la actuación de esas áreas y que no se acreditaron un acuerdo con los demás imputados ni una intención de defraudar. La mayoría entendió que existían indicios suficientes para mantener el procesamiento, aunque aclaró que deberá profundizarse la prueba sobre qué información conocía y cuál fue el alcance concreto de su participación.
Ise llegó a una conclusión distinta: consideró que no había elementos suficientes para atribuirle una intervención intencional en la presunta maniobra . Señaló la ausencia de pruebas concretas de instrucciones, comunicaciones con los beneficiarios o conocimiento de las irregularidades. Por eso propuso revocar su procesamiento y dictar la falta de mérito, sin cerrar la investigación. Su postura quedó en minoría.
Soneira y los vínculos con los adjudicatarios
En el caso de Marta Soneira, la confirmación del procesamiento fue unánime . El tribunal valoró su actuación en distintos cargos vinculados con la administración de tierras fiscales, su intervención en trámites relacionados con los beneficiarios y el conocimiento de las relaciones comerciales que estos mantenían con Cian.
Entre los antecedentes examinados, mencionó un permiso de ocupación otorgado a Bessone y su posterior participación en actos vinculados con las adjudicaciones. Para las juezas, esos elementos, analizados junto con las coincidencias y contradicciones de los expedientes, permiten sostener provisoriamente que conocía y validaba un circuito administrativo dirigido a favorecer a socios comerciales de su pareja.
Su defensa había negado una conducta defraudatoria y un interés personal en las operaciones. También cuestionó que existiera una incompatibilidad legal que le impidiera intervenir en trámites de personas vinculadas comercialmente con Cian e invocó la confianza en los controles de las áreas técnicas. La Cámara consideró que esos planteos no alcanzaban para revertir los indicios reunidos.
Descartaron el lavado y la causa pasará a la Justicia chaqueña
El fallo también confirmó la exclusión del delito de lavado de activos , que había sido cuestionada por el Instituto de Tierras Fiscales del Chaco, constituido como querellante. La Cámara entendió que no se identificaron suficientemente operaciones diferenciadas de las adjudicaciones que permitieran sostener esa figura penal.
Según explicó, una eventual obtención fraudulenta de tierras no convierte automáticamente su explotación posterior ni los ingresos de las empresas vinculadas en lavado de dinero. Para ello debía precisarse la relación entre los bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita y las operaciones posteriores atribuidas a los investigados.
Al quedar excluida esa hipótesis, el tribunal confirmó que la Justicia Federal carece de competencia para continuar con los hechos restantes , vinculados con bienes y autoridades provinciales. La remisión al juzgado o fiscalía competente del Chaco deberá concretarse una vez que la resolución quede firme.
Qué resolvieron sobre los demás imputados
La Cámara también ratificó los procesamientos de Cian, Storti y Bessone por fraude en perjuicio de la administración pública . Respecto de Cian, consideró que los indicios permiten atribuirle, en esta etapa, un papel de enlace entre los solicitantes de las tierras y Soneira.
En cambio, revocó el procesamiento de Nelson Ariel Pochón y dictó su falta de mérito . Explicó que sus trámites tenían antecedentes y características diferentes, sin que se hubieran identificado falsedades o aportes concretos a la presunta defraudación. La decisión permite que la investigación continúe y que su situación vuelva a evaluarse si aparecen nuevas pruebas.


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