
Por un fallo de la Corte, las prepagas ya no podrán aumentar sus cuotas sin la autorización del Gobierno
ChacoWeb
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 que habían eliminado los controles estatales sobre los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Con esta decisión, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones en los valores de las cuotas.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata. La causa se inició por el reclamo de una afiliada cuya cuota había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
Los artículos 267 y 269 del decreto habían modificado la ley 26.682 y eliminado la obligación de someter los incrementos a la supervisión del Estado. A partir de la resolución, las compañías deberán gestionar la autorización correspondiente antes de aplicar nuevas subas, que tendrán que estar justificadas por la evolución de sus costos y un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
Sin embargo, la Corte aclaró que la restitución del control estatal no implica establecer un tope automático para los aumentos vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el organismo tendrá que evaluar cada modificación tarifaria de acuerdo con los criterios previstos en la normativa vigente.
En sus fundamentos, el Máximo Tribunal consideró que el Gobierno no había demostrado las circunstancias excepcionales necesarias para modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia el régimen de regulación de las prepagas. La invocación de una crisis en el sistema de salud y de la necesidad de mejorar su competitividad no fue suficiente para justificar la eliminación de los controles.
La resolución también representa un precedente relevante sobre los límites de las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. Los jueces remarcaron que la Constitución permite recurrir a los DNU únicamente cuando existe una urgencia que impide esperar el tratamiento de una ley en el Congreso.


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