Cuatro ex altos ejecutivos de Vicentin fueron acusados desde este jueves por haber acentuado, de manera fraudulenta, la sangría de fondos desde la empresa en concurso preventivo desde 2019 hacia otras empresas y personas, lo que implicó profundizar la estafa por la que ya estaban acusados aunque en libertad.
Fueron contra el patrimonio de la empresa en mitad de un trámite concursal para pagar gastos personales. Tras dos días de audiencias este viernes los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Nicolás Fopiani y Valeria Pedrana recibieron un pedido de 120 días de prisión preventiva para los máximos responsables de Vicentin.
De aceptarse Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel seguirán presos. Los otros 15 imputados no estarán con medidas de prisión pero a todos se les pidieron fianzas impactantes. En total los fiscales requieren que daban caucionar una suma estimada en 150 millones de dólares.
Los otros socios de Vicentin que llegaron acusados a la audiencia son Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colombo Boschi, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia.
Los fiscales pidieron que se prohíba a los imputados tener contacto, cargo o injerencia en todas las empresas del grupo Vicentin. En un momento de máxima zozobra en la empresa, donde en el marco de los desmanejos fraudulentos imputados dos mil empleados y obreros estén sin cobrar partes de sus sueldos de febrero.
Uno de los hechos imputados al inicio por los fiscales de Delitos Económicos de Rosario Sebastián Narvaja y Miguel Moreno es que una parte del dinero detraído de manera ilegal fue para pagar una cifra millonaria en honorarios a tres de los abogados que se encontraban en la audiencia ejerciendo la defensa. También para depositar la fianza que les evitaba quedar detenidos.
Dos de los letrados son personas reconocidas en Rosario, ambos docentes con trayectoria de la Facultad de Derecho de la UNR. Jorge Ilharrescondo es actualmente entre otros roles abogado del gobernador Maximiliano Pullaro y uno de los jurados de concurso para elegir fiscales santafesinos. Daniel Cuenca es especialista en cuestiones penitenciarias y fue el primer ministro de Seguridad del gobernador socialista Hermes Binner. Un tercer defensor indicado es Andrés Indalecio Ghio.
El fin de semana los fiscales habían ordenado detener a Daniel Buyatti, Omar Scarel, Roberto Gazze y Alberto Macua. Determinaron que estos exdirectivos, responsables máximos de las finanzas de la agroexportadora, siguieron manejando a la compañía en coordinación con los actuales, por lo que a la asociación ilícita que están acusados de integrar desde 2017 les agregaron nuevos hechos.
Lo que señalaron en audiencia los fiscales es que este agrupamiento criminal, como los llamaron a sus 15 integrantes, persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019 cuando se declaró el default de Vicentin y fines de 2024 con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos. Las sociedades afectadas en su patrimonio con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa según los fiscales fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.
Fue impactante para el público el ingreso de los dos primeros imputados, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, con las esposas colocadas a la sala del Centro de Justicia Penal de Rosario. Dos ejecutivos de la mayor compañía de oleaginosas de la Argentina, a la que los periodistas estaban habituados a ver en los lugares más empinados de los foros empresarios y la Bolsa de Comercio local, en una dimensión simbólica por completo opuesta. Ahora presos no por lo que llevó al default de Vicentin sino por haber seguido, después de iniciado el concurso, atentando contra la caja de la empresa.
Los pagos a los abogados fueron hechos según los fiscales contra facturas pero no por servicios profesionales a la compañía sino para representar de modo particular a los ejecutivos imputados como jefes de asociación ilícita. Señalaron concretamente los fondos cobrados y que provinieron de "los fondos detraídos ilegítimamente por los integrantes de la asociación ilícita, destinados al pago de honorarios".
El defensor Ilharrescondo en la audiencia al escuchar tuvo un arranque de cólera. Sostuvo inicialmente, y lo reiteró esta mañana al alegar, que se habían metido contra el secreto fiscal además de generar una intrusión de su intimidad profesional. Y prometió denuncias por haber puesto de relieve lo que habían cobrado como abogados que son cientos de millones de pesos. Algo que es un dilema a dirimir. Ellos tienen que defender a cuatro directivos de afectar patrimonio de la empresa, algo prohibido en el concurso, para favorecerse personalmente. Y Lo que se mostró en la audiencia es que con parte de esa plata les pagaron honorarios.
La empresa no es parte en el proceso penal que se sigue contra los ex directores", afirmaron los fiscales. También expusieron algo que dijo Ilharrescondo en audiencia el 8 de noviembre de 2024: "Nosotros no somos la defensa del directorio de Vicentin. Es decir, cuando nosotros prestamos la conformidad es a los imputados, es decir, ni tampoco representamos a las empresas".
La acusación previa contra los imputados principales era ser los jefes de una asociación ilícita para engañar a productores y bancos ocultando la verdadera situación financiera de la empresa antes de que se consumara la cesación de pagos. El fin era seguir obteniendo créditos y granos que no devolvieron.
Los fiscales expusieron como evidencia correos electrónicos, actas y comprobantes de facturación. Además de los pagos a los abogados con esa plata desviada pagaron consultorías, servicios periodísticos y fianzas para poder seguir en libertad el proceso. Contaron que los ejecutivos autorizaron la venta de una aeronave Cessna para generar más ingresos, todo lo cual afectó el patrimonio de Vicentin y las empresas asociadas. Lo que complica el cobro de los miles de acreedores de la firma que tiene una deuda concursal total estimada nominalmente en 1340 millones de dólares.
El juez Fabián Lorenzini dispuso la medida por 120 días hábiles, con posibilidad de prórroga. Fundamentos y consecuencias. La respuesta de la empresa.
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