Más de cinco años después de iniciado el interminable concurso preventivo de Vicentin SAIC la empresa agroindustrial santafesina sigue dando sorpresas de manera recurrente.
General01/04/2025
ChacoWeb
Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg, veedores del concurso de Vicentin SAIC, determinaron que al pasado 26 de marzo la compañía agroindustrial tenía obligaciones impagas por 9808 millones de pesos, la mayor parte de las cuales corresponden a servicios públicos, aportes sindicales e impuestos nacionales y provinciales, además de proveedores varios de bienes y servicios, entre los que figura Diego Guelar con una factura de 6100 dólares.
Si bien se trata de un avance con respecto a los 15.000 millones de pesos de obligaciones impagas que habían detectado los síndicos a mediados del presente mes de marzo, los veedores aclaran en un informe remitido al juez concursal Fabián Lorenzini que la cifra informada “no incluye nuevos devengamientos de sueldos y de facturas devengadas con vencimientos posteriores al 26 de marzo 2025, entre los más significativos”.
Los veedores alertan que “existen diversas deudas vencidas con acreedores de insumos y servicios críticos que de no regularizarse haría muy difícil la puesta en marcha de las dos líneas de producción” con las que cuenta la concursada en Ricardone y San Lorenzo.
Mientras que la empresa acumula deudas de todo tipo y color, los veedores detectaron un volumen muy importante de erogaciones correspondientes a “acuerdo desvinculatorios”, sobre los cuales no pudieron contar “con un detalle de las cuotas canceladas”.
Lo llamativo es que las desvinculaciones no corresponden en su mayor parte a personal desafectado por la crisis de ingresos que registra la empresa, sino a gerentes de la compañía que, de esa manera, embolsarán montos millonarios.
Roberto Gazze, por ejemplo, se dio de baja en noviembre pasado con un monto acordado de 248 millones de pesos a cobrar en cuotas, mientras que a Máximo y Cristian Padoán le corresponden 208 y 176 millones de pesos respectivamente, al tiempo que la suma asignada para Roberto y Sergio Vicentin es de 169 y 161 millones.
“Debemos advertir, según se desprende del detalle de deuda, que hay partidas que corresponden a servicios y honorarios profesionales que, dado la situación de la empresa, deberían reverse”, advierten los veedores.
Sólo las líneas de producción de Ricardone y Avellaneda (bioetanol) están operativas, mientras que el complejo industrial de San Lorenzo (molienda de soja, almacenamiento y puerto) permanecen paralizadas desde principios de 2025. “Se advierte claramente la precariedad de la liquidez dado que la empresa puede sostenerse únicamente con los anticipos de molienda de parte los fazones vigentes en girasol y etanol”, señala el informe.
El juez Fabián Lorenzini dispuso la medida por 120 días hábiles, con posibilidad de prórroga. Fundamentos y consecuencias. La respuesta de la empresa.
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